Bajan revueltas las aguas en IU a cuenta de una subvención que se le ha ocurrido otorgar a la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque, a un colegio de educación diferenciada, esto es, del Opus. Por si no se han enterado les cuento de corrido la historia, que tiene su miga: esta buena señora que solo lleva gobernando dieciséis años y ha obtenido tres mayorías absolutas ha decidido --bueno, ella no, el pleno--, ampliar el presupuesto que tiene el ayuntamiento para actividades de alumnos de centros docentes del municipio, con la particularidad de que con dicha ampliación pueden beneficiarse del mismo los alumnos del colegio Torrealba.
La partida presupuestaria responde a intereses tan poco comunistas como pintarles la casa a los vecinos mayores --costeándoles la pintura--, pagar los bocadillos de excursiones para conocer el medio ambiente, recogida voluntaria de basura o lo que sin duda habrá sido el motivo principal del enfado por parte de la dirección de IU: costear una chocolatada.
Más allá de los anteriores intereses espurios de la alcaldesa resulta llamativo la indignación que provoca en el coordinador general el hecho de que no se distinga entre iguales. Uno de los motivos que ha señalado --azuzado por Podemos-- es que desde la confluencia de izquierdas no se puede subvencionar con dinero público colegios que segreguen por sexos apostando por un único modelo de educación pública.
La crítica y amenaza de expulsión del partido hacia la alcaldesa resulta reprobable por dos motivos. ambos igual de importantes; uno jurídico y otro moral. Desde un punto de vista estrictamente jurídico --más allá de filias o fobias sobre el modelo educativo-- el Tribunal Supremo ha sentenciado sobre la validez de este modelo de enseñanza manifestando que resulta conforme a la Ley Orgánica de Educación y al artículo 14 de nuestra Constitución --el que versa sobre la discriminación por razón de sexo-- y expresamente manifiesta el derecho de estos centros al acceso a los fondos públicos en pie de igualdad con respecto a otros y otras metodologías. Impedir, por tanto, el acceso a los fondos de los que dispone el ayuntamiento por los motivos que esgrime Maíllo conculcaría dicho derecho fundamental por la misma causa que se dice querer evitar, es decir discriminación. Además del anterior motivo jurídico hay --si cabe-- un motivo con mayor trascendencia política que no es otro que la inmoralidad que supone hacer público escarnio de una alcaldesa por anteponer los intereses de sus vecinos y su municipio a los intereses de su partido.
No deja de resultar paradójico que la alcaldesa de Almodóvar pueda ser sancionada y expulsada de su partido por hacer, ni más ni menos, aquello para lo que fue elegida, que no es otra cosa que gobernar para todos sus vecinos, independientemente de sus creencias religiosas o condición social. La propia señora defiende su gestión apelando al más básico sentido común: sencillamente alega que el dinero es para los alumnos de su pueblo, para todos. Abunda más, dice no trabajar con el Opus sino con padres y madres de una escuela de su pueblo.
Mucho tienen que aprender los gobernantes de la talla política de esta señora --al menos en cuanto este asunto-- pues una de las máximas de un regidor ha de ser que se gobierna a todos los ciudadanos y no solo a los que te han votado. Olvidan desde la dirección del partido que se ha de servir los intereses generales y que lo discrecional no supone lo caprichoso o lo arbitrario.
Desde estas líneas propongo a Sierra Luque como 131 presidenta de la Generalitat de Cataluña, sin duda nos hubiese ahorrado muchos disgustos al común de los españoles. Se ha ganado el respeto de un servidor por hacer algo extraordinario en los tiempos que corren --y no es dimitir--.
Algo me dice que este capítulo va para largo y que tendremos partido de vuelta. Mientras tanto me conformaré con brindar por ella con una croqueta en la sucursal cordobesa de la taberna de su pueblo.
* Abogado
