Andalucía hace memoria estos días y prepara la conmemoración del 40 aniversario de ese 4 de diciembre de 1977 en el que los ciudadanos salieron masiva y pacíficamente a la calle para reivindicar su identidad y un futuro en el que, cuando se atisbaba la actual configuración del Estado de las Autonomías, nuestra tierra no quedara atrás. El recuerdo de aquellos acontecimientos del 4-D se produce en un momento que es, también, una encrucijada para España, y que presenta un particular desafío para Andalucía, por la posibilidad de quedar atrás en la estructura de un estado actualmente debilitada y que corre el riesgo de enfocar los necesarios cambios solo en función del conflicto catalán. Y es que no se trata, por muy grave que sea la crisis institucional, de encajar a Cataluña en España, sino de encajar a todas las comunidades autónomas en esa España que debe constituirse desde el respeto a todos los territorios y desde principios de solidaridad e igualdad.

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer los Presupuestos de la Junta para el año 2018. Es la primera comunidad autónoma que da vía libre a sus cuentas, tras una sesión en la que el bloque formado por el grupo del PSOE, que sustenta el Gobierno andaluz, y el de Ciudadanos, con el que se ha pactado el presupuesto, no ha admitido ni una sola de las 1.157 enmiendas presentadas por la oposición de PP, Podemos e IU. Nuestra Comunidad Autónoma arrancará así el ejercicio del 2018 con la tranquilidad y la seguridad que da el tener amarradas las previsiones. Los presupuestos ascienden a 34.759 millones de euros, suponen un incremento del 4,6% y prevén un crecimiento de la economía del 2,6% en el próximo ejercicio, en el que las partidas con más subidas corresponden a sanidad, educación y atención social, con incorporación de la renta mínima de inserción social y de la bonificación de las matrículas universitarias.

La estabilidad será clave. no solo como principio general en un ambiente convulso, sino por la necesidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía esté alerta y volcada --y contando con todo el arco parlamentario-- en la negociación de la financiación autonómica, un caballo de batalla que el Gobierno central está dilatando en tanto maneja la crisis catalana, y que no se limita a una cuestión de números --aunque, por descontado, el reparto económico sea clave-- sino al futuro del conjunto de las autonomías españolas, a los niveles de autogobierno y al riesgo de que sea Cataluña la que incline la peligrosa balanza de la desigualdad en aras de frenar la espiral del soberanismo. Para empezar, el candidato del PSC, Miquel Iceta, puso ayer en suerte su demanda de que Cataluña recaude todos sus impuestos, idea controvertida aunque haya matizado que independientemente de qué Administración los gestione. Iceta ha removido el tablero de la financiación y Andalucía debe estar alerta.