El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha decidido acumular las causas abiertas por el proceso independentista excepto la de sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana. Así, las causas por rebelión, sedición y malversación que investigaba la Audiencia Nacional contra los 14 exmiembros del Govern catalán, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, se dirimirán en el TS, donde ya se investigaba, por su condición de aforados, a los miembros de la Mesa del Parlament. Al margen de las razones prácticas que han llevado a esta decisión (facilitar la tramitación en un caso en el que hay 22 imputados), a nadie se le escapa que de esta forma también se juzgará a los acusados con un único criterio legal. Hasta el momento, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y el magistrado Llarena han mostrado diferentes criterios al menos en lo referente a la prisión preventiva. Es previsible que en los próximos días el nuevo juez instructor tome declaración a los Jordis y a los exconsellers, lo que permitirá a las defensas pedir la revisión de la prisión incondicional. A escasos días del inicio de la campaña electoral, esto rebajaría la tensión política en Cataluña. Pero lo que la unificación de causas prueba una vez más es el normal funcionamiento de la Justicia en España, en contra del dibujo que algunos se empeñan en trazar con brocha gorda.
