A Antonio Manuel

Hay dos cuestiones que hacen el consenso entre analistas, juristas y políticos: el Estado de las autonomías que hoy conocemos está agotado y el horizonte federal parece inevitable a corto y a medio plazo. La llamada cuestión catalana es la parte visible de un iceberg que pone de manifiesto cambios sociales y políticos de gran magnitud, que combinan elementos de crisis de régimen y de crisis de Estado que obligarán, más pronto que tarde, a iniciar un proceso constituyente. Centrémonos en la llamada cuestión territorial.

Puede parecer paradójico, pero hay que asumir que el agotamiento del Estado autonómico es, en parte, producto de su propia naturaleza. No es el momento de entrar en los complejos debates que llevaron a la redacción del Título VIII de la Constitución y que terminaron en eso que se llamó «café para todos». La dinámica jurídico-política, las sentencias del Tribunal Constitucional y el tira y afloja entre las autonomías y el Estado han creado tal confusión, que han terminado por propiciar el callejón sin salida en el que estamos. En el centro del debate, la revisión del Estatuto de Cataluña y la sentencia del TC que terminó por oponer dos legitimidades. La crisis entre Cataluña y el Estado que hoy vivimos tiene aquí su origen.

La pregunta que hay que hacerse es evidente: ¿qué papel va a jugar Andalucía en el debate político y jurídico que, inevitablemente, abre la cuestión catalana? Aunque sabido, conviene recordarlo: la conquista de la autonomía andaluza cambió el guion no escrito del Estado autonómico y le dio una trascendencia política más allá de una simple descentralización administrativa para los pueblos que no eran considerados nacionalidades históricas. La voz andaluza, sus viejas y nuevas reivindicaciones económicas y sociales dieron una significación diferente a las posiciones políticas en juego en una discusión donde lo que se buscaba era el ajuste de Cataluña, del País Vasco y, en menor medida, de Galicia.

Creo que no exagero si digo que en este debate, hoy por hoy, Andalucía no tiene voz propia y el gobierno andaluz sigue una política subalterna de las directrices emanadas del ejecutivo de Rajoy. Susana Díaz ha llevado hasta el final una estrategia política del PSOE andaluz caracterizada por lo que podríamos llamar un populismo regionalista de oposición. Hoy, que tanto se habla de divisiones territoriales y de enfrentamientos entre pueblos, hay que decir que la secretaria socialista andaluza se ha adaptado perfectamente a estos esquemas prevalecientes en la política española. Obsesivamente, ha definido la identidad andaluza por oposición a Cataluña y, en menor medida, al País Vasco. La consecuencia más relevante de este regionalismo de oposición es que, al igual que el nacionalismo catalán, no es capaz de tener una visión global del Estado y de ofrecer una salida democrática, solidaria y socialmente avanzada a una crisis que se está agravando día a día. Es más, en su deriva para convertirse en la «Esperanza Aguirre del PSOE» ha terminado por romper con el federalismo cooperativo y solidario, base y fundamento de la autonomía andaluza, para asumir un federalismo competitivo típico de la derecha neoliberal y de la patronal española asentado sobre la rebaja de impuestos. Esta política tiene como consecuencia evidente la menor recaudación y obtener menos fondos para transferir solidariamente entre las distintas autonomías.

La construcción de una alternativa al gobierno del PSOE andaluz, apoyado por la derecha neoliberal de Ciudadanos, obliga necesariamente a dar voz, proyecto e iniciativa política a Andalucía en una España que, inevitablemente, va a la constitución de un Estado Federal. Andalucía, como proyecto histórico en construcción viene de lejos y tiene un patrimonio político constitucional especialmente relevante. Nuestra propuesta, Antonio Manuel la ha defendido siempre con mucha fuerza, es federar Andalucía en una España plurinacional que garantice los derechos sociales y asegure el autogobierno de sus poblaciones. A este debate, Andalucía irá desde sus propias posiciones, es decir, desde un federalismo con un fuerte contenido nacional popular anclado en una tradición que une liberación social y autonomía y que pretende la emancipación del conjunto de los pueblos que configuran esa realidad plural que llamamos España.

La tradición del andalucismo histórico ligada a las líneas libertarias del federalismo de izquierda español, pone el acento, no solo en la descentralización política sino en su democratización sustancial. Una democracia autónoma basada en el municipalismo, en la solidaridad interterritorial y en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo social ecológicamente sostenible en una tierra habitable, pacífica y abierta al mundo.

* Parlamentario de Unidos Podemos por Córdoba