Cada año asistimos a la perversa situación que constituye la firma de acuerdos de gestión entre el director gerente de cada centro y el director/a de cada Unidad de Gestión Clínica (UGC). En dichos acuerdos se establecen los múltiples recortes a los pacientes, tanto si son atendidos en el centro de salud como si lo son en los hospitales, determinándose con ello los objetivos de recortes a pacientes que han de ser alcanzados cada año para garantizar entre 12.000 y 14.000 euros anuales por productividad a los directores de dichas UGC. Por cierto, recortes de los que no se informa ni a los pacientes ni a sus familiares; simplemente se aplican por imposición del director de la UGC --la inmensa mayoría médicos en los centros de salud y el 100% en los hospitales--. Recortes donde la prioridad es el criterio económico y no el criterio clínico del profesional. Pues la autonomía y capacidad de decisión del profesional en lo referente a los problemas de salud del paciente y cómo abordarlos ha quedado supeditada a los criterios económicos del coste de la actuación asistencial y profesional que requiera cada paciente y ciudadano.

En este sentido, se establecen recortes tan claros y perversos como derivar menos pacientes al hospital, pertenecientes a las especialidades de Medicina Interna, Traumatología o Rehabilitación; recetar menos medicamentos; pedir menos pruebas diagnósticas; no recetar medicamento para reducir el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares a pacientes de más de 75 años; ingresar menos pacientes con insuficiencia cardiaca en el Hospital; no realizar densitometrías óseas a mujeres menopáusicas para valorar el riesgo de fractura osea; no realizar la prueba de analítica en sangre de PSA a pacientes, como medida de prevención del cáncer de próstata; Enviar menos pacientes al oftalmólogo; reducir un 33% los días de ingreso en el hospital de pacientes con angina de pecho; ingresar menos pacientes en el hospital por trombosis venosa profunda; utilizar menos hemoderivados para reducir coste; enviar menos pacientes de Salud Mental desde el centro de salud al hospital; dejar de hacer Eco/Dopplex a embarazadas de bajo riesgo; reducir el número de pacientes que se ingresan para estudiar un hígado metastásico; ingresar menos pacientes por amputaciones mayores de miembros inferiores; incrementar de 3 a 6 meses los controles de inmunidad a pacientes infectados de VIH, para reducir un 10% los costes anuales por paciente; no ofertar radioterapia a los pacientes con cáncer de mama, tras ser matectomizadas de manera precoz, etcétera.

Estos son algunos de los recortes a los pacientes, impuestos en las distintas unidades de gestión clínica y recogidos por escrito en un documento anual que firma el director gerente de cada hospital o distrito sanitario y el director/a de cada unidad de gestión clínica, convirtiéndose dichos recortes en el eje central de la actividad diaria de atención a pacientes y ciudadanos en general, tanto en los centros de salud como en los Hhspitales de la provincia de Córdoba y el conjunto de Andalucía.

Es evidente que el criterio clínico y la autonomía profesional se han rendido y puestos al servicio de los criterios económicos, afectando negativamente, en mi opinión de manera tóxica e inaceptable a la resolución de los problemas de salud que presentan los pacientes y donde queriendo o sin querer, se ha impuesto una forma de atención sanitaria para intentar resolver las necesidades del paciente, que se aleja de cualquier atisbo de cercanía y humanidad hacia el mismo, y donde lo primero no es el paciente y sus necesidades, si no la ejecución de recortes perversos para alcanzar objetivos económicos, que no clínicos ni de respeto a los derechos de los pacientes.

Por último expresar mi absoluta sorpresa y perplejidad ante la decidida participación activa del colectivo médico (salvo honrosas excepciones que por cierto son castigados por ello), en este proceder, y su plena disposición a renunciar tan fácilmente al criterio clínico y autonomía profesional, para beneficiar y potenciar los criterios económicos impuestos por el director de la Unidad de Gestión Clínica, llevándose por delante derechos de pacientes y pervirtiendo el sistema sanitario público en la provincia de Córdoba y Andalucía, donde quién más pierde inequívocamente son los pacientes y ciudadanos que necesitan ser atendidos en cualquier hospital o centro de salud perteneciente al sistema sanitario público de la provincia de Córdoba y Andalucía.

* Secretario provincial de Satse-Córdoba