El Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, creado con esfuerzo y compromiso por todos los Colegios, que prestan con sacrificio los abogados del turno de oficio, y que apoyan y sustentan financieramente el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, vuelve a verse atacado por un problema que está motivando una enorme confusión y una creciente movilización de los profesionales, de sus asociaciones y de los propios afectados.

Me refiero al cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA por parte de la Dirección General de Tributos que establece la aplicación de este impuesto al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Ese aumento del gasto en un 21 por ciento no sólo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también la estructura organizativa ejemplar y única que lo hace posible.

Este servicio se presta por medio de un mecanismo de compensaciones ajeno al sistema de precios que emplea cuantías muy por debajo del precio de mercado. No se trata de un servicio libre, ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin elección de cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las Administraciones competentes y encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional. El servicio es organizado por los colegios de abogados y prestado a los ciudadanos en cualquier lugar de España a través de los abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año.

Lo que más llama la atención de este ataque a la Justicia Gratuita, es que el cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA por parte de la Dirección General de Tributos, respecto al vigente desde 1986, está basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16 que cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, un modelo basado en un régimen muy diferente al modelo público español, y por tanto no aplicable a España.

Sin embargo, desde el pasado 26 de enero, este nuevo criterio interpretativo viene aplicándose ya en nuestro país, obligando a los abogados que prestan servicio en el turno de oficio, a entregar una factura al beneficiario de la Justicia Gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria.

En caso de que este nuevo criterio interpretativo se mantenga en el tiempo, la naturaleza del servicio se vería tremendamente afectada y aumentaría profundamente su burocratización y el trabajo de los abogados que garantizan su prestación. Además, su aplicación supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano.

La Abogacía tiene la obligación de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita así como su calidad y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar. Y es precisamente esta obligación irrenunciable la que convierte el servicio en un sistema reglado por normas administrativas y sometido a control público. Dada esta naturaleza pública y obligatoria del servicio, la prestación de la Justicia Gratuita por los abogados del Turno de Oficio, no está sujeta a IVA.

Por todo ello, por legalidad, razonabilidad y eficiencia, los abogados exigimos que se suspenda de forma inmediata la aplicación de esta norma y que no se grave el Turno de Oficio con el IVA. Poniendo en peligro la prestación de la Justicia Gratuita, afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho. La urgencia real que requiere la Justicia Gratuita pasa porque la Administración aborde las reformas necesarias para garantizar la prestación del servicio de asistencia con eficiencia, eficacia y con la dignidad que merecen los abogados que lo prestan cada día de forma ejemplar.

La Abogacía no permanecerá impasible ante cualquier acto que pueda hacer peligrar el derecho a la Justicia Gratuita de los ciudadanos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se respeten los derechos de los ciudadanos y para defender a los abogados del Turno de Oficio. Poniendo en peligro la prestación de la Justicia Gratuita, afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho.

* Decano del Colegio de Abogados de Córdoba.