Nadie duda en España que la democracia y la integración en Europa en los últimos 40 años han traído un aumento exponencial del bienestar y de la riqueza. El esfuerzo de los trabajadores en un clima de estabilidad política y de modernización empresarial ha dado sus frutos aunque la crisis ha teñido la euforia de la primera década del siglo XXI en un pesimismo generalizado que ha licuado finalmente en una creciente demanda de profunda reforma cuando no de auténtica refundación del ordenamiento político, administrativo, económico y social. CÓRDOBA aporta hoy datos que han de permitir un balance sereno y racional de la evolución del sistema autonómico entre 1980 y 2015. La primera mirada permite abrir ya un debate con urgencia: la cohesión territorial no ha avanzado. Se ha conseguido que el crecimiento y el bienestar lleguen a todas las comunidades autónomas, pero la distancia entre, por ejemplo, el PIB per cápita de la comunidad más rica y la más pobre se ha incrementado. Nadie ha quedado atrás como consecuencia del diseño autonómico pero no se ha conseguido una España más uniforme desde el punto de vista de la protección social o de la economía como ya lo es desde el punto de vista administrativo y político. Seguro que este resultado final no depende únicamente del mimbre autonómico sino también del color político de quienes han gobernado o de factores naturales.