La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de nuestra libertad y está plenamente reconocida en la Constitución española de 1978, que ahora cumple 38 años. En el artículo 33, apartado 1º, «se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia». A continuación, el apartado 2º afirma que «la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes». Finalmente, el apartado 3º, estipula que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Un claro y amplio consenso social sostiene que las limitaciones que los apartados 2º y 3º aplican a este derecho fundamental están relacionados con la obligación del propietario de contribuir a la cosa común mediante una fiscalidad no confiscatoria --a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la plusvalía municipal o el impuesto de donaciones o sucesiones--, con la supeditación de los bienes privados a las necesidades colectivas en casos de extrema gravedad --ocupación de propiedades en caso de grandes catástrofes o guerras-- o por las causas que contemplan las expropiaciones forzosas para la realización de infraestructuras de interés público.

Sin embargo, tras la llegada del populismo y la izquierda radical al gobierno de muchos ayuntamientos se está distorsionando la interpretación de la «función social» de la propiedad hasta un punto muy preocupante para los propietarios de viviendas. Toda la vida ahorrando para comprar un piso para que ahora venga la revolución populista y lo considere un lujo que hay que gravar u ocupar si está vacío. Y para ejemplo del manifiesto, un tuit: «En Barcelona, Colau te multa si alquilas tu piso a un turista, te impide que eches a un ocupa que se meta y te multa si lo tienes vacío».

Y claro, el cogobierno del Ayuntamiento de Córdoba no podía ser menos. La izquierda unida en el consistorio no pierde oportunidad de plantear recurrentemente su «guerra contra la vivienda vacía»; vuelve a amenazar con el recargo del 50% del IBI a los pisos que estén vacíos con todos los riesgos de inseguridad jurídica que ello conlleva, a pesar de que el Gobierno de la nación no ha desarrollado el reglamento y careciendo de base legal para aplicarlo. De hecho, cinco tribunales superiores de justicia de España, incluido el de Andalucía, han fallado en contra de medidas parecidas en ayuntamientos de cinco comunidades. Ahora, la responsable de Hacienda vuelve a confirmar el recargo para 2018, al ser preguntada: «Si puede ser, será». Por otra parte, sorprende que nada diga sobre la necesidad de actuar de manera coordinada contra las prácticas mafiosas que realquilan las viviendas que ocupan o se lucran de la ocupación. O cómo atajar la quiebra de la convivencia en comunidades de vecinos por conductas intolerables y delincuenciales.

Creo que las cosas deben ir por un camino distinto, ya iniciado por el Gobierno de España. Rajoy busca un gran pacto de estado sobre un nuevo Plan de Vivienda, un acuerdo con comunidades autónomas para diseñar las grandes líneas de la política inmobiliaria hasta 2021, incorporando incentivos fiscales a los pisos vacíos de entidades financieras, Administraciones y «otros tenedores» que sean ocupados por las familias «más vulnerables», recuperar barrios enteros con parámetros medioambientales y sociales o medidas de apoyo a la rehabilitación rural.

Es el momento de los populistas, como lo define Chantal Mouffe, y los populistas del mundo de izquierdas y de derechas aprovechan esta situación para asaltar los cielos con el combustible de la frustración, el malestar y las deficiencias democráticas.

Las viejas izquierda y derecha tienen que hacer autocrítica, reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos y desafíos, luchando contra la desigualdad y la pobreza para no dejarse arrastrar por una nueva política que cree que el progreso es combatir la riqueza, apelando a la rabia del pueblo con el embelesamiento del que obra maravillas y no a unos ciudadanos que tienen derechos y deberes, hombres y mujeres responsables de un destino a perseguir.

* Viceportavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba