Opinión | Editorial

La violencia contra la mujer

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se instituyó en 1999 por la ONU y se fijó el 25 de noviembre como la jornada de conmemoración en recuerdo de las tres hermanas Mirabal, asesinadas en esa fecha de 1960 en la República Dominicana del dictador Leónidas Trujillo. Pero la violencia contra las mujeres no es algo exclusivo de los regímenes totalitarios, sino que está muy presente en los países democráticos más desarrollados. Es un fenómeno, por tanto, de tipo antropológico y cultural, lo que, no obstante, de ninguna manera permite afrontarlo con resignación contemporizadora. Todo lo contrario.

La igualdad de las mujeres y los hombres es una conquista (incompleta) relativamente reciente de la humanidad, pero las actitudes vejatorias hacia las féminas persisten, muchas veces en el ámbito privado, lo que dificulta combatirlas. Es descorazonador que una de cada tres europeas mayores de 15 años declare haber experimentado alguna vez en su vida violencia sexual, física o ambas, y que la misma proporción haya sufrido abusos psicológicos de su pareja, según datos de la Comisión Europea. Es una patología social grave, que para ser revertida requiere, en primer lugar, una actitud valiente por parte de quienes la sufren directamente. Pero se trata de un paso que no es fácil, pues gran parte de las asesinadas no había denunciado el calvario que sufría. Hoy tenemos otro dato importante: cada día se presenta una denuncia por acoso, lo que revela tanto la extensión del problema como que cada vez más mujeres plantan cara en defensa de su dignidad.

Esta semana la Junta de Andalucía ha dado un paso relevante, al iniciar la reforma de la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género. Se propone ampliar a los hijos la consideración de «víctima directa», e incluir a las menores de edad en el término «mujer víctima», para poder atenderlas de la misma manera que a las mayores. Son pasos acertados para afrontar un problema que, lejos de aminorarse, continúa en las nuevas generaciones, y de cuya gravedad da cuenta un dato inquietante: 903 mujeres están en Córdoba bajo protección policial a causa de la amenaza de sus exparejas. Vidas machacadas, sumidas en el terror a causa de ese cobarde concepto de afirmación masculina que consiste en la dominación y posesión de la mujer. Esta lacra debe ser combatida por el conjunto de la sociedad, y nadie puede considerarse no concernido. Los poderes públicos deben encabezar la estrategia aportando los medios legales y materiales precisos, aún insuficientes, para que ninguna víctima deje de denunciar su situación. Pero ningún ciudadano puede abdicar de la obligación de contribuir individual y activamente a superar un mal atávico que no atañe a la relación entre hombres o mujeres sino a la especie humana.

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