Que la sanidad pública es el mayor y más valioso activo del estado de bienestar, como garante de la salud física y psíquica de las personas, no admite discusión, y así es reconocido universalmente.

Tampoco se cuestiona que este universal consenso reside en que la esencia de la misma esta constituida por personas que necesitan o pueden necesitar de lo que ofrece la sanidad pública andaluza en sus centros sanitarios, por tanto son el fin en sí mismo que motiva y justifica toda una estructura de centros, recursos y medios al servicio del ciudadano, y por tanto de las personas.

Por otro lado, también son personas los profesionales que garantizan y proveen la atención sanitaria y cuidados a miles de personas cada día en los centros públicos distribuidos por toda la geografía provincial y autonómica.

Sin embargo a pesar de que la sanidad pública está configurada por personas, de manera integral, esta no dispone ni goza de la sensibilidad social necesaria por parte de quienes tienen que dotarla de los medios y recursos que la hagan merecedora sin reparos ni peros algunos, de la confianza necesaria, para que nuestra sanidad pública no ofrezca puntos negros que lleven a ciudadanos, pacientes y profesionales a cuestionar decisiones, comportamientos y estado de funcionamiento, en cuanto a si de verdad esta es la Sanidad que todos queremos. Al respecto creo sinceramente que no.

Hoy tenemos una sanidad,que es utilizada sin reparo como instrumento político, una sanidad pública que es utilizada para sanear o costear los despilfarros y agujeros contables de otros que sin escrúpulos ni decencia, han jugado con los recursos destinados a garantizar el estado de bienestar.

Nadie ha preguntado a las personas que tienen problemas de salud o que desean preservar la misma, si están de acuerdo en que se les recorten prestaciones con menos recetas, menos pruebas diagnósticas, menos derivaciones al especialista, menos ingresos, etc.; tampoco se ha preguntado a los profesionales si están de acuerdo en que se les incremente su jornada laboral, se les desvalúe un 35% su poder adquisitivo y se les machaque diariamente en su dignidad laboral y profesional. No se les ha preguntado en definitiva a las personas si están de acuerdo en sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad, la negligencia y el descaro de quienes teniendo la responsabilidad de preservar el interés general y los recursos públicos, han optado por ignorar las necesidades de uno y otro y han ejercido una grave irresponsabilidad, por cierto sin consecuencias importantes algunas para los responsables.

Ante esta situación, la Administración Sanitaria Pública, lejos de reaccionar con sensibilidad, interés y preocupación, tanto por quienes acuden a la sanidad pública por necesidad como por quienes la garantizan y proveen, se enroca en sus despachos enmoquetados, con paredes insonorizadas y persianas bajadas, para seguir hostigando y castigando a una sanidad pública que se está descapitalizando asistencialmente, perdiendo grandes profesionales que, cansados de esta situación carente de estímulo y respeto profesional y laboral, optan por explorar otras opciones laborales.

Sinceramente, creo que el grave problema de financiación, recursos y medios que hoy tiene la sanidad pública cordobesa y andaluza, no se soluciona ignorando la realidad o designando directivos sumisos y obedientes, pero a la vez insensibles tecnócratas, de fría mirada y afiladas decisiones; sin contar con las personas que necesitan de la sanidad pública, ni tampoco con las personas que garantizan y ofrecen salud, es decir, los profesionales. Todo ello lo único que hace es agravar aún más la ya precaria situación en la que nos encontramos y cuyo futuro se aventura bastante incierto. H

* Secretario provincial Satse Córdoba