Poco después de tomar posesión el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, un autobús de Aucorsa salió ardiendo en plena calle. No era el primero para la ciudad, pero sí para el nuevo equipo de gobierno. Un concejal que había estado antes en el cuadro de mando, que había encajado las críticas por hechos similares, tuvo la ocurrencia de publicar un tuit ingenioso que dejaba a las claras que una cosa es criticar y otra tener en sus manos la obligación de gestionar la cosa pública a diario. Venía a decir a los que gobernaban, y que antes habían criticado hechos similares: «Bienvenidos a la realidad». Algo así como aplicar el gerundio del verbo gobernar: a gobernar, que es gerundio, que criticar es infinitivo.
La perspectiva ideológica en la gestión de lo público es necesaria porque aporta la diferencia de las distintas opciones, que tienen que enfrentarse a la realidad de las cosas, a la cotidianeidad de la gestión, a una insoslayable necesidad de resolver situaciones bajo el corsé de la norma y la limitación de los recursos. La ideología juega entonces el papel delimitador de la diferencia de las opciones desde el poder, que debe perseguir, en cualquier caso, el bienestar público bajo el principio de eficacia. Esta no es una exigencia política ni retórica, es un mandato constitucional. El artículo 103.1 de la Constitución lo deja claro: «La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho». La eficacia como el primer principio rector del servicio de la administración pública, como sustancia de la obligación de la gestión de los servicios públicos.
Externalizar un servicio público no es privatizar, al igual que dar participación al sector privado en las empresas públicas tampoco lo es. Externalizar un servicio público es acogerse a recursos y posibilidades de gestión que no son posibles desde la esfera de la administración, preservando el sentido público del servicio de que se trate. Se trata de acceder a la posibilidad de gestionar de una manera eficaz o más eficaz, según el caso, servicios de titularidad pública sobre los que no hay argumentos objetivos para mantenerlos en la gestión pública. A nadie se le ocurriría pensar en externalizar, por ejemplo, el servicio de la Policía Local, pero multitud de edificios públicos están protegidos por agentes de seguridad privada. Tampoco parece probable que se plantee que se haga lo propio con los bomberos, pero existen unidades de voluntarios, incluso dentro de la propia administración, que colaboran en sus funciones.
Asumimos con normalidad, porque lo vemos cada vez que lo usamos, que nuestra seguridad en nuestros aeropuertos esté en manos privadas, sin paliativos, lo que sí es una privatización en toda regla de un servicio público, pero luego cuestionamos externalizaciones que garantizan no solo la prestación de este, sino que los dotaría de más eficacia. Como sucede de hecho. Algunos de los servicios públicos más valorados de nuestra tierra tienen forma de gestión privada. El 061 lo gestiona una agencia pública que nació como sociedad anónima que se rige por los criterios y la legislación del derecho privado en cuanto no se trate de la formación de la voluntad de sus órganos y en las potestades administrativas. O qué decir de la teleasistencia, uno de los servicios públicos de mayor valor de los que tenemos. Desde la mera instalación del terminal hasta la persona que moviliza recursos de atención de emergencia, la teleasistencia en Andalucía también tiene forma privada, primero mediante la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que fue subrogada más tarde por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los servicios de comida y limpieza de nuestra red sanitaria, adjudicados a empresas privadas que gestionan, generalmente con eficacia, el cuidado de un servicio público.
Sí, hay ejemplos de agencias públicas que no funcionan como el 061 o la teleasistencia, pero lo mismo pasa con las empresas privadas, que no todas son motivo de ejemplo. Bueno y malo hay en todas partes. Tener una aversión por planteamientos apriorísticos no solo es una inconsistencia ideológica, porque la defensa de lo público no se puede basar en la fórmula de gestión, sino en la garantía de la preservación del bien público que se trata de preservar. Es, además, una irracional resistencia a cumplir el principio constitucional de prestación de los servicios por parte de la administración pública con eficacia. Creer que unos jardines, por ejemplo, van a estar más cuidados porque a la persona que le corresponda atenderlos tenga la condición de trabajador público y bajo una jerarquía administrativa es no estar en la realidad.
Hay que dar la bienvenida a la realidad a quienes son capaces de desprenderse de prejuicios en la defensa de lo público, preservando el servicio público precisamente por la eficacia de una gestión externalizada. Si así se hiciera, muchos aspectos hoy deficitarios de nuestra administración más cercana mejorarían sobremanera. Externalizando es, pues, gerundio, lo mismo que gobernando.
* Presidente de Fides
