En junio de 2012 se creaba en Córdoba la Plataforma por una Mezquita de todos y todas. Esta se puso en contacto con el Grupo Parlamentario de IULV-CA para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
Junto con el art. 304 del reglamento, este permitía la inscripción masiva de bienes inmuebles a nombre de la Iglesia Católica sin respetar las mínimas garantías de legalidad y a través de un procedimiento claramente inconstitucional que equipara a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público a la hora de facilitar la inscripción, lo que ha supuesto la apropiación por la Iglesia de buena parte del patrimonio de todo el pueblo español; en muchos casos,sin conocimiento de los poderes públicos y, en otros, aún más grave, contando con su pasividad.
La modificación del reglamento hipotecario en 1998 --Gobierno Aznar-- reactivó la posibilidad de la actuación de la Iglesia Católica como una administración pública para su utilización, burda, en la apropiación de numerosos bienes públicos y privados.
La Plataforma cordobesa comienza a realizar un trabajo ingente, siendo destacable su esfuerzo por visibilizar la absurda apropiación de un monumento universal, Patrimonio de la Humanidad, por parte de la Iglesia Católica, por el irrisorio precio de 30 euros y hacérselo saber al pueblo de Córdoba.
En ningún caso han situado la cuestión en torno al uso religioso de la Mezquita ni han discutido el derecho de la Iglesia a su uso, sino que se han dedicado a denunciar una legislación inconstitucional que vulnera las mínimas garantías jurídicas y el principio de igualdad.
La Plataforma propone la presentación del recurso de inconstitucionalidad en el Congreso de los Diputados. Para ello se necesitan 50 diputados o que algún gobierno autonómico lo presente. Aquí es donde comienza la renuncia del PSOE de Andalucía a proteger y defender nuestro patrimonio. Una renuncia coherente con su política de permisividad, e incluso elaboración, de todas las leyes que colocan a la Iglesia Católica en posición de privilegio.
A iniciativa de IU Andalucía se aprueba lo siguiente: "El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, mediante los mecanismos jurídicos y/o políticos oportunos, se proceda a declarar la inconstitucionalidad de la vigente Ley hipotecaria (procedente de la dictadura franquista)por lo que se hace necesaria la actuación del Gobierno para su protección".
A pesar de la insistencia de IU Andalucía, el PSOE no ejecuta el acuerdo y, en enero de 2015, disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Consecuencia: la presentación del recurso de inconstitucionalidad que proteja y defienda el patrimonio del pueblo de Córdoba y elandaluz se desvanece por incomparecencia del PSOE.
En febrero de 2016, un año después de la disolución del Parlamento que tenía el mandato de proteger nuestro patrimonio, regresa el debate para requerir que el Gobierno andaluz se dirija a los decanatos de registradores de la propiedad para que trasladen qué bienes han sido inmatriculados por la Iglesia Católica. Conocer qué bienes han sido usurpados al pueblo. Bien, pues ni eso está dispuesto a hacer el PSOE de Susana Díaz por Andalucía.
Para colmo de cinismo, y ante la intervención del Grupo Parlamentario de IU acerca de la inconstitucionalidad de la ley que permitió desvalijar el patrimonio de todos, desde el grupo socialista se alegaba que tenía que ser el Tribunal Constitucional quien dirimiera dicha inconstitucionalidad. Justo lo que pedía el Parlamento y ellos negaron.
Sobre los acuerdos de pedir esas inmatriculaciones hechas desde 1978, el PSOE-A dice que debe ser el Gobierno central el que se dirija los decanatos de registradores, obviando que el Gobierno andaluz puede, y debe, actuar. Ya ni se acuerdan de sus propias promesas electorales y utilizan la técnica de "la patada a seguir": que el Gobierno central actúe, o no, ya veremos.
En cualquier caso supone una renuncia y una estafa. Todo lo que hemos leído y oído por parte del PSOE de Córdoba para justificar su renuncia es hojarasca; lo importante es que no han defendido lo que es de todos y todas las cordobesas.
Ahora, a las puertas del 28-F,ya estamos asistiendo a su vacía y demagógica escenificaciónde darse golpes de pecho por la defensa de Andalucía. Una secuencia que podríamos titular con aquello tan triste del "mucho te quiero perrito... Pero pan, poquito".
* Parlamentaria autonómica de
IULV-CA por Córdoba. Firma también este artículo Alba Doblas Miranda, secretaria general del PCA de Córdoba.
