Al Partido Popular y a su líder, Mariano Rajoy, se les complican más las cosas. Tras el revés electoral del 20-D (con la pérdida de 63 diputados), que eclipsó en parte el hecho de ser el partido más votado, los populares empiezan a comprobar el sabor amargo del resultado. Rajoy se hizo a un lado el pasado viernes al declinar la propuesta de Felipe VI de intentar la investidura. El candidato constata la soledad en la que ha quedado tras cuatro años de mayoría absoluta y solo aspira a gobernar por descarte, a ser la última opción que evite las elecciones anticipadas que muy pocos desean. Pero las cosas ayer se torcieron un poco más. La operación anticorrupción que efectuó la Guardia Civil en las tres provincias valencianas, con un balance inicial de 24 detenidos, apunta al corazón del PP en la Comunidad Valenciana. Se trataría de una estructura de corrupción que habría transitado sobre los grupos de poder que se han sucedido a lo largo de dos décadas. De momento, con el expresidente de la Diputación valenciana y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, como pieza más señera y donde figuran imputadas --investigadas, en lenguaje jurídico actual-- personas del entorno de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La lista de casos de corrupción que salpican al PP valenciano es interminable: Gürtel, Noos, Fabra (expresidente de la Diputación de Castellón), Brugal, el actual Imelsa, Aguas de Valencia... La dirección central del PP se ha afanado en suspender de militancia a los hasta ahora fieles escuderos, muñidores de uno de sus graneros de votos. Cae otra pieza de la arquitectura del PP, imputado hace unos días por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. Y es más difícil pedir complicidades, presentarse como la solución y no como uno de los escollos para la regeneración del país, que reclama más igualdad y también más limpieza y transparencia.
