La aprobación del Pacto del Agua me parece una buena noticia, primero porque entre sus objetivos incluye una medida digna como es la garantía de una cantidad mínima de agua a los hogares sin recursos, y segundo, porque supone la inclusión de Córdoba en una Red de Operadores Públicos y la apuesta por el control público del agua.

A pesar de que España supera la media europea de servicios de gestión de agua privatizados (52% y 37% respectivamente), esta decisión supone unirse a las tendencias actuales de muchas ciudades europeas y españolas que están recuperando el control municipal de la gestión del agua tras años de gestión mixta (modelo francés) o privada. La cuestión es que la privatización del agua se suele justificar por su rentabilidad económica y porque mejora la prestación del servicio. Sin embargo, las muestras que tenemos en nuestra provincia o en otros municipios como Jerez, indican que se produce justo lo contrario: se incrementa el desempleo, sube el precio del agua y la inversión en infraestructuras no siempre es la necesaria, dado que la empresa tiene que incrementar sus beneficios. Estas son las razones principales por las que muchas ciudades españolas y europeas han remunicipalizado la gestión del agua, a pesar de las dificultades que ello supone.

Además de estos argumentos técnicos, encuentro que en los procesos de privatización deben considerarse otros que, en mi opinión, tienen un peso incluso mayor porque tienen que ver con la dignidad humana. Me refiero al ámbito que debe ocupar el mercado y qué bienes, relaciones o procesos deben funcionar bajo su lógica y cuáles no. Por ejemplo: el cuerpo de las mujeres, la donación de órganos, "los vientres de alquiler", el aire o el agua deberían situarse al margen de la lógica de mercado (que como todos sabemos tiene fallos sistemáticos), porque si no es así, el status de ciudadanía, nuestro propio cuerpo y los recursos más elementales para la vida sólo estarán al alcance de quien pueda pagarlos.

* Doctora en Sociología. IESA