El gobierno municipal de Córdoba anunció hace unos días las tasas e impuestos municipales y esta noticia ha suscitado diferentes reacciones de apoyo o de disgusto, según sector. Pero no pretendo realizar una crítica a los impuestos en sí mismos, ya que en las sociedades avanzadas son necesarios para financiar los servicios públicos que mantienen unos mínimos estándares de igualdad y cohesión social, a pesar de que su diseño pueda hacer de ellos una intervención más o menos justa. Lo que pretendo es tomarlos como excusa para reflexionar sobre su destino en una administración local modificada sustancialmente por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 2013.

El objetivo de esta ley es reducir el gasto público en la administración local, para lo que emprende unas reformas de importantísimo calado que suponen un cambio en sus competencias y en su hacienda.

Según la ley, las competencias en materia de salud, educación y servicios sociales se trasladan a las comunidades autónomas, lo que significa una limitación importante en la acción de gobierno, ya que el ayuntamiento no podrá intervenir en estas materias. Los municipios de menos de 20.000 habitantes las perderán en favor de las diputaciones. Las decisiones económicas también se ven comprometidas porque el ayuntamiento tendrá que realizar planes financieros y someterse al control de la Intervención General del Estado, en lo que supone una "recentralización" de esta función y una importante pérdida de autonomía política. En definitiva, la ley es coherente con la Reforma de la Constitución del 2011, pero es contraria al objetivo de autonomía municipal que recogía la Ley de Bases anterior y la Carta Europea de Autonomía Local firmada por España.

Nuestro ayuntamiento está, pues, orientado por la disciplina financiera y bajo el control del Estado, lo que supone que algunas cuestiones importantes para los ciudadanos (que siguen contribuyendo con sus impuestos directos e indirectos) no podrán ser atendidas por él. Por ejemplo: atención a mayores dependientes, contratación de personal o promoción de la igualdad de oportunidades. En este contexto, el sentido de los impuestos se diluye en cierto modo, porque pierden su capacidad potencial como instrumentos para propiciar cambios sociales.

En definitiva, reducir la autonomía local significa limitar la capacidad democrática de los gobiernos municipales para mejorar el bienestar de los vecinos, significa también reducir la posibilidad de innovar para abordar situaciones nuevas y de plantear proyectos de futuro a medio o largo plazo. Y es que la reducción del déficit como único objetivo político tiene un precio muy alto que paga la ciudadanía con sus impuestos y con su calidad de vida.

* Doctora en Sociología. IESA-CSIC