La ayuda que España proporcionará a la diáspora siria que llega a Europa entre mil penalidades sigue sin concretarse. La política de asilo es un asunto del Estado, que además debe coordinarse con los otros países de la Unión Europea, pero hasta ahora el Gobierno no ha ido mucho más allá de declaraciones genéricas de buenas intenciones. Lo único que se sabe es que España deberá acoger unos 15.000 de los 120.000 refugiados a los que Europa se ha comprometido a dar asilo. La urgencia de la situación exige que se ponga fin de inmediato a esta falta de transparencia e información. El Gobierno debe informar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que vayan perfilando el dispositivo de acogida, al que probablemente será necesario dedicar fondos complementarios a los 6.000 euros por refugiado y año que España recibirá de la UE.
Las comunidades autónomas pidieron el lunes al Ejecutivo que concrete el calendario, las cifras y los criterios de reparto de refugiados. Ayer mismo se supo que más de 1.200 refugiados sirios han pasado por Córdoba en lo que va de año, procedentes de Melilla, donde aguarda una cifra similar. Y los que han de llegar no serán transeúntes. Todo indica que, pese a los ofrecimientos, se descarta el alojamiento de refugiados en viviendas particulares. Pero la actitud de los ciudadanos hacia los exiliados será sin duda proactiva, como lo está siendo la de ayuntamientos, autonomías y colectivos. La necesaria coordinación entre instituciones debe estar a la altura de la solidaridad ciudadana con quienes huyen del azote de la guerra.
