El primer mandamiento de los nuevos gobiernos locales de izquierdas es no desahuciar. Campañas electorales basadas en la defensa de las personas frente a los bancos, o así se decía, no pueden desembocar en otra cosa, y una vez que se está en el poder y que se administra una empresa pública de vivienda, por ejemplo Vimcorsa en Córdoba, no se puede andar poniendo a los morosos en la calle si esa morosidad se debe a graves dificultades económicas. Nadie debería verse sin techo por haber perdido el empleo o estar en una situación extrema, y de ahí la decisión adoptada, que al parecer ya estaba en marcha de facto con el anterior gobierno del PP, visto que la deuda de los inquilinos con Vimcorsa alcanzaba 1,2 millones de euros en abril pasado y 200 familias no podían pagar la renta, un 22% del total. Como también habrá que velar por el dinero público, que es de todos, el gobierno local estudia acciones para incentivar la actividad de Vimcorsa, conseguir más pisos para alquiler mediante acuerdos con empresas o particulares y, en general, contribuir a su fin social de mejorar el acceso a la vivienda en Córdoba. Su consejo de administración acaba de aprobar una batería de medidas que oscila entre la buena voluntad y el deseo de conseguir una gestión correcta, y lo tiene, cuanto menos, difícil. El anuncio de la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, de que no habrá desahucios --salvo por problemas graves de conducta que afecten a la convivencia-- es coherente con los fines, pero exigirá un fino estudio para evitar la picaresca y un más fino estudio para cuadrar en positivo las cuentas.
