Desde hace décadas, en las sociedades avanzadas nos enfrentamos a nuevos riesgos sociales. Estos riesgos son diferentes de los viejos riesgos porque son consecuencia del desarrollo económico y social. Se trata de situaciones complejas que no pueden analizarse sin ser contextualizados en relación a otras situaciones sociales y a la política.
Concretaré esta idea poniendo como ejemplo el envejecimiento demográfico, ya que la pasada semana conocimos datos sobre varias dimensiones de este complejo fenómeno. Envejecer es un proceso biológico, normal e individual, que cada cual experimenta dependiendo de muchos factores. En este sentido, el incremento de la esperanza de vida es un logro sin precedentes en nuestras sociedades. Ahora bien, el envejecimiento tiene una dimensión social importante porque, al interrelacionarse con otros procesos sociales, produce consecuencias negativas para los individuos y para las sociedades.
Entre esos procesos yo destacaría los siguientes. Primero, España tiene un sistema de pensiones ligado al empleo, por tanto, si hay más población mayor que población joven, el sistema se resiente. Pero en este caso, el problema real no es el envejecimiento, ni siquiera el sistema de pensiones; el problema es que el mercado laboral no genera empleos suficientes ni de suficiente calidad como para contribuir al sistema. Es decir, la tan manida sostenibilidad no se logra recortando pensiones sino permitiendo que la población activa acceda a empleos de calidad y a carreras largas de cotización y facilitando el cuidado de los hijos.
El segundo es la dependencia. Antes de la ley actual, el cuidado de mayores y dependientes estaba en función del poder adquisitivo de las familias y del sacrificio personal y de los costes de oportunidad de las mujeres. La Ley de Dependencia mejoró esa situación en cuanto a atención los afectados, pero no tanto la situación de las mujeres. La pasada semana, el Observatorio de la Dependencia publicó los datos que muestran cómo los recortes han devaluado la ley: hay menos y peor atención y se refuerza el rol de cuidadoras de las mujeres.
La interacción de estos procesos produce el riesgo de no ser atendido, en unos casos, y en otros, de no poder emanciparse. Estos riesgos pueden preverse y los gobiernos pueden proteger de ellos a los ciudadanos mediante sistemas de protección social, como en su momento fueron el de pensiones o el de desempleo. No es fácil pero es posible, y ejemplos de ello hay muchos en Europa. Pero al ver los presupuestos del Estado diseñados para el próximo gobierno, parece que las prioridades los gobernantes no son protegernos de los nuevos riesgos sociales. Ni tampoco de los viejos.
* Doctora en Sociología. IESA-CSIC
