Tanto en el caso de los ERE fraudulentos como en el del fraude en los cursos de formación, la Junta de Andalucía debe entonar un mea culpa gigantesco, más acentuado en tanto el dinero que se ha dilapidado ilegalmente estaba destinado a los trabajadores de empresas en crisis y a los desempleados. Se precisa un reconocimiento de la tremenda falta de supervisión sobre el uso del dinero público, una admisión de responsabilidades políticas y de gestión por no haber detectado lo que, dada su envergadura, tenía forzosamente que haber dejado rastro y haber levantado sospechas antes de que el anterior Gobierno andaluz hiciese saltar las alarmas, y una completa desinfección de las personas y procedimientos que han dado lugar a lo ocurrido.

Pero, alejadas ya de la escena política las personas que tuvieron responsabilidad sobre este grave descontrol, y estando ambos asuntos en manos de la justicia, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está en su derecho de reivindicar una nueva etapa en la que su principal papel debe estar en la colaboración con la justicia y en la recuperación del dinero mal usado.

Hace unos días el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, dio cuentas al Parlamento andaluz de la revisión de los expedientes de los cursos de formación. La Junta ha terminado de revisar 5.300 de los 7.427 expedientes que van a comprobarse de las 8.500 ayudas tramitadas y otorgadas a entidades dedicadas a la formación para el empleo entre los años 2007 y 2012. Estos 5.300 expedientes sumaban subvenciones por importe de 728 millones de euros, de los que 4.097 estaban "perfectamente justificados" --explicó el consejero-- por un importe global de 485 millones, mientras en los 1.203 restantes se han encontrado irregularidades que han llevado al Ejecutivo andaluz a reclamar el reintegro en firme de 71,9 millones de euros. Faltan 2.127 expedientes por revisar, y luego serán los tribunales los que culminen la investigación y determinen las responsabilidades.

Se trata tanto de erradicar las prácticas fraudulentas y conseguir la sanción de sus responsables como de que los andaluces puedan recuperar el dinero, un paso necesario para dar credibilidad a los compromisos del nuevo Gobierno andaluz. Es determinante para ello agilizar los procesos y que la justicia no se eternice, y a esta necesidad no le benefician precisamente las dudas surgidas sobre las competencias judiciales en torno a los dos casos, los ERE y los cursos de formación, y el vergonzoso incidente que ha puesto de manifiesto la falta de colaboración entre Mercedes Alaya y su sucesora, María Núñez Bolaños.

Andalucía necesita abrir una nueva etapa de transparencia y buena gestión --las ayudas a la formación, por ejemplo, están frenadas y no debería ser así-- y soltar el lastre de los errores y la corrupción institucional, pero para ello hay que terminar de limpiar el escenario.