La detención ayer de la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU) y de varias personas más a raíz de una de las investigaciones judiciales relacionadas con el macroproceso del caso Innova vuelve a conmocionar a una ciudadanía que puede preguntarse con razón si quedará algo en pie del sistema levantado hace más de 30 años y del que todo indica que está perforado por la corrupción. El caso Innova --que coge el nombre de una empresa municipal de Reus que llegó a controlar dos terceras partes de su presupuesto-- es un mundo en sí mismo. Son varias las piezas separadas abiertas por la Justicia para intentar desentrañar un sinfín de actuaciones mantenidas a lo largo de 20 años en las que presuntamente un nutrido grupo de personas se beneficiaba, gracias al hábil manejo de las puertas giratorias y los contactos, de cantidades millonarias que salían del servicio catalán de salud en dirección a gestores sanitarios, propietarios de empresas privadas del sector, constructores, cargos públicos e intermediarios, que se beneficiaban de contratos o comisiones que sorteaban la legalidad, o que correspondían a trabajos inexistentes. Dos directores del servicio público y casi todos los grupos políticos del ayuntamiento de Reus están implicados, y el caso solo saltó al llegar al consistorio una candidatura nueva que rompió la ley del silencio. Lo ocurrido suma otro efecto especialmente dañino, pues da lugar a que se cuestione la colaboración entre lo público y lo privado, la sanidad concertada, que en algunos casos ha dado buenos resultados.
