Si, como denuncia Hostecor, la cuarta parte de los alojamientos turísticos que se ofertan en Córdoba capital está al margen de la legalidad, y, por tanto, en la economía sumergida, estamos ante un problema que reclama soluciones, pues parte del éxito de nuestra marca turística debe residir en la transmisión de una impronta de calidad y buena organización. Por no hablar, claro, de la existencia de un negocio que no paga impuestos --en detrimento del conjunto de la sociedad--, no ofrece garantías al usuario y compite de forma desleal con los establecimientos legales. Cerca de 7.000 plazas hoteleras en la ciudad y otras 2.000 ilegales, fundamentalmente apartamentos turísticos, es una proporción preocupante, aunque parte de esta oferta de alojamiento está en un limbo legal, a la espera de que la Junta de Andalucía tramite el decreto que regulará las viviendas turísticas vacacionales.

Dicho esto, conviene también reflexionar sobre la oferta hotelera de la ciudad, que se desvela insuficiente en la temporada alta y que, pese a su reconocida calidad, presenta en estas fechas precios excesivos para una ciudad como Córdoba e insostenibles para el turista medio, que se decanta, por el simple acto de buscar en internet, por los alojamientos más baratos aunque no regulados. El problema, así, se convierte en coartada, y quizá se resolvería aumentando la oferta para que el sector sea más competitivo y atraiga a más visitantes fuera de temporada, algo muy factible visto el indudable y creciente atractivo de la ciudad.