La gente no es delito. Esto no lo entienden ni las dictaduras ni el Gobierno del Partido Popular, con una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que es una mordaza a la Constitución. Volvemos al Estado policial, con la fiebre nostálgica sobre un PP que busca su identidad en el péndulo del tiempo. ¿Centro, centro--derecha o totalitarismo? La cortina de la democracia ya no puede actuar como ansiolítico de la indignación pública. Pero es precisamente ese enfado, o la capacidad de la gente para reorganizarse ante el abuso, lo que se trata de amordazar, con esta nueva ley que utiliza el pretexto de la seguridad para saquear nuestra Constitución con la vieja tijera del fascismo europeo. Por ejemplo: ¿en qué Estado de derecho las faltas que antes se incluían en el Código Penal, sancionadas --y garantizadas-- por la autoridad judicial, se transforman en multas administrativas, sin control judicial previo, vulnerando el artículo 24 de la Constitución, del derecho a la tutela judicial efectiva? Ahora, el ciudadano deberá agotar la vía administrativa y después recurrir a la jurisdicción contencioso--administrativa. ¿Y qué sucede con esta jurisdicción? Que está sujeta al pago de tasas judiciales impuestas por este Gobierno, que ni existen en la vía penal, ni se pagaban en los juicios de faltas.

Seguimos. ¿En qué Estado de derecho se da semejante valor probatorio al testimonio de los miembros de las Fuerzas de Seguridad? "Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles". Constituirá "base suficiente", y el ciudadano queda a la intemperie de esa arbitrariedad. El asunto, de terminar aquí, ya sería un escándalo. Pero hay más: participar en una manifestación no autorizada, hasta 600 euros de multa. Organizar una protesta ante una central nuclear, hasta 600.000. Desobedecer a los antidisturbios, te digan lo que te digan, hasta 30.000 euros. Impedir un desahucio, hasta 30.000 euros. Multas desproporcionadas y definiciones tan amplias de las faltas que solo crean inseguridad jurídica. Las manifestaciones ante el Congreso también se sancionarán. Grabar con el móvil a un antidisturbios mientras te aporrea la frente, como hemos visto en demasiados vídeos, será una falta grave si se pone en peligro una operación, o al agente, o a las instalaciones. O sea: una inseguridad jurídica completa, para que todos quedemos sometidos a la interpretación policial de la norma.

También hay barra libre para las "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla, sin ningún miramiento para el Derecho internacional. ¿La respuesta? La ofrece nuestro humanista ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Preguntado sobre la ilegalidad de las "devoluciones en caliente", respondió: "Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos". La miseria moral de un político no puede llevarse al Tribunal Constitucional; pero la inconstitucionalidad múltiple de una ley, sí. Respecto a la reforma del Código Penal, la prisión permanente revisable, una cadena perpetua encubierta, además de inconstitucional (vulnera el artículo 25.2), debiera haber ocupado un debate público, con un referéndum sobre los límites de la reinserción. Pero debatir, ¿para qué?, pensará Mariano Rajoy. Mucho mejor la represión general, con una policía todopoderosa, desplegada para anular cualquier manifestación contra la corrupción propia. ¿Principio de legalidad? Para qué. Bienvenidos a la nueva España del PP.

Afortunadamente, no vivimos solos en el mundo, y tenemos la ONU: "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España". Así, la ONU advierte que estas reformas "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y "socavan los derechos de manifestación y expresión". Esto no es una cuestión de partidismo, sino de respeto a los principios de la Constitución. O se está con la democracia, o se está contra ella.

* Escritor