Los datos que publican los institutos de investigación social muestran que la crisis ha aumentado la desigualdad en nuestro país y particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres. En los últimos años, se ha endurecido la situación de muchas familias y ha aumentado la feminización de la pobreza.

En el contexto nacional de recortes, se esgrime la crisis como excusa para reducir los derechos ciudadanos y los programas de igualdad, con lo que los derechos de las mujeres pasan a ocupar un lugar secundario. Daré solo dos datos: entre 2011 y 2015 el Gobierno central ha recortado un 33% en políticas de igualdad y un 22% en prevención de violencia de género, mientras aumentaban paulatinamente las necesidades en los dos campos.

Solemos argumentar, con razón, que conseguir la igualdad es cuestión de educación, de un cambio de mentalidad sobre las relaciones interpersonales, que nunca pueden ser relaciones de poder, sino de colaboración e interdependencia.

Pero hoy, ante un nuevo 8 de Marzo, aniversario de una reivindicación de mujeres que costó la vida a muchas de ellas, hay que dar una paso más y definitivo: hay que insistir en que la igualdad es cuestión política.

Si los mayores logros en este sentido se han conseguido cuando las administraciones públicas se han convencido de que tienen un papel clave para liderar el cambio, a las administraciones públicas compete velar para que el trabajo realizado a lo largo del siglo XX tenga continuidad, adaptándose a los retos de los nuevos tiempos.

En un día de reflexión como el 8 de Marzo, hay que valorar la masiva incorporación de mujeres al mundo del trabajo, de las universidades, de las empresas, al funcionariado y a los cargos públicos de las administraciones. Ello demuestra que la valía de ese 52 por ciento de la población que somos las mujeres es, como mínimo, igual al del otro 48 por ciento.

Este cambio, como otros muchos, ha permitido aprovechar para la sociedad la capacidad de ese amplio sector de la población que antes permanecía confinado en el anonimato del hogar o del segundo plano. Y estoy segura de que, por la vía de los hechos, también nuestra mentalidad se ha modificado.

En Andalucía, mucho ha tenido que ver con este cambio el trabajo desarrollado por el Instituto Andaluz de la Mujer, cuyo 25 aniversario celebrábamos el año pasado. Más de 25 años enarbolando la bandera de la igualdad, haciendo política de igualdad desde un gobierno que ha traducido las palabras en hechos, en programas, que ha convertido la complicidad con las mujeres en cuestión política y que, frente a la crisis, ha mantenido e incluso aumentado sus partidas presupuestarias.

En adelante, el camino se presenta perfilado, aunque no libre de obstáculos. El riesgo de la desigualdad y el monstruo de la violencia aparecen por cualquier resquicio del sistema. Por eso, la Junta sigue reforzando la transversalidad en las políticas de igualdad de género, como sigue apoyando el derecho de la mujer a decidir, a la salud sexual y reproductiva y, en general, a la igualdad en el acceso a servicios sanitarios.

La Junta defiende a la mujer frente a la violencia y facilita el empleo femenino y la creación de empresas de mujeres, de igual forma que mantiene el sistema de apoyo a la dependencia, lo que, por una parte, supone la creación de empleo, normalmente femenino, y por otra aligera la carga de los cuidadores, que mayoritariamente suelen ser cuidadoras.

Ninguno de estos logros es un regalo. La igualdad es una victoria social, del movimiento asociativo, de toda la sociedad civil, y de un gobierno sensible con todo ello. Es preciso mantener y extender esta alianza, que hemos sabido construir en Andalucía como una seña más de nuestra identidad.

* Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.