Todos coincidimos en que hay que mejorar la competitividad de nuestras empresas y su productividad. Este debe ser un objetivo permanente y prioritario en la política económica de un Gobierno comprometido con la creación de empleo. Pero las divergencias están en cómo conseguirlo, teniendo en cuenta la eficacia y los efectos de las medidas a adoptar. La mejora de la competitividad requiere rebajar el coste de producción de nuestras empresas, mejorando la calidad de los productos y facilitando su comercialización. Sin duda, un factor de producción clave son los salarios. La mejora de la productividad vía salarios es lo que denominamos la devaluación interna. Para ello, el Gobierno del señor Rajoy impulsó la reforma laboral, que ha supuesto la caída de un 7% de los salarios, eliminando la fuerza de la negociación y de los convenios colectivos y reduciendo las indemnizaciones por despido. La reforma laboral ha conseguido el despido barato de los padres y el subempleo de sus hijos, con la mitad de sueldo o a tiempo parcial, lo que pone en riesgo la financiación de la Seguridad Social, que ha llegado a un déficit de 12.000 millones de euros. Mientras la moderación salarial contribuye de manera importante a la mejora de la productividad, la reducción salarial y el subempleo tienen un efecto muy negativo sobre el consumo, hasta el punto que pueden estar contribuyendo de forma decisiva al riesgo de deflación que hoy tenemos. Hay otros factores de producción que suponen una parte importante del coste del producto y que su reducción incidiría de forma directa en la mejora de la productividad: la energía, los costes financieros, los impuestos y los beneficios empresariales. En nuestro país las empresas están pagando los costes energéticos más elevados de la UE. La energía eléctrica ha subido un 11% en dos años. Una reforma del modelo energético ha de ser objetivo prioritario para rebajar estos costes y mejorar la productividad.

Los gastos financieros de nuestras empresas, tanto por tipos de interés como por comisiones bancarias, son de los más altos de la UE. Las comisiones subieron un 30% en el último año y los tipos de interés de los préstamos están muy por encima de la media europea. Ello unido a las enormes dificultades que tienen en estos momentos para acceder al crédito para inversión y funcionamiento. También los impuestos han subido de forma generalizada, lo que es contraproducente para mejorar la productividad de nuestras empresas. El Gobierno ha subido hasta 50 tributos: IVA, IBI, IRPF, sociedades, impuestos especiales, tasas y precios públicos. Los beneficios empresariales han aumentado un 13% el último año. Nuestras grandes empresas han aumentado sus márgenes, lo que ha hecho que España sea el país de la UE con subidas más altas de los beneficios empresariales: todo ha subido en demasía, excepto los salarios, que han bajado mucho. En ninguno de estos otros importantes factores de producción ha actuado el Gobierno para mejorar la productividad de nuestras empresas. Para colmo, la mejora de la calidad está relacionada con la inversión en innovación e investigación. La reducción de los recursos en I+D+i está obligando a brillantes científicos españoles a irse al extranjero, y las empresas españolas se están viendo afectadas de forma negativa en la mejora de su productividad, mediante patentes y nuevas tecnologías. El subempleo no es la solución, ni para salir de la crisis, ni para mejorar la competitividad de nuestras empresas. El subempleo está deteriorando la demanda interna y el sostenimiento del Estado del Bienestar. Pero, sobre todo, el subempleo está contribuyendo al aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza en nuestro país.

* Diputado socialista