En un día como hoy, 28 de abril, día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una celebración, que no lo es tal, porque nos recuerda, lamentablemente, que a día de hoy los accidentes laborales continúan produciéndose por no tomar las medidas preventivas adecuadas.

La precariedad laboral que está suponiendo la crisis económica que estamos sufriendo afecta también directamente a la seguridad con la que los trabajadores afrontan su jornada diaria y a la inversión de muchas empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. A esta situación, hay que sumar que el desempleo y la facilitación del despido tras la reforma laboral del PP hace que muchas personas acaben acudiendo al trabajo enfermos por miedo a perder su trabajo o se den de alta de forma prematura, exponiéndose por tanto a aquello que les enferma y aumentando así el peligro de accidente laboral.

Un trabajador o una trabajadora precarios son más vulnerables ocupando con mayor frecuencia un puesto de trabajo en peores condiciones, y en donde tienen limitado ejercer su derecho de protección a la salud, pasando a considerar que lo importante es trabajar y su seguridad física, su salud, pasa a un segundo plano.

El evitar estas situaciones, y que la Cultura Preventiva siga estando presente, no solo en las empresa y en los trabajadores, sino en el conjunto de la sociedad, es el objetivo que persigue la Junta de Andalucía. En la última década con el apoyo de los agentes económicos y sociales, el Gobierno andaluz ha conseguido que la ciudadanía en su conjunto tenga una sensibilidad manifiesta y una preocupación social hacia el accidente laboral que no existía en la década de los noventa, una situación que la crisis económica puede poner en peligro.

Esta mayor concienciación se ha logrado con considerable esfuerzo gracias a las campañas de sensibilización masivas, en las que se ha llegado al 90% de la población, a las acciones divulgativas llevadas a cabo de manera conjunta con sindicatos y empresarios o a las actuaciones específicas dirigidas a colectivos concretos como inmigrantes, desempleados o cuidadores de personas dependientes y a campañas en colegios o institutos donde hemos conseguido que la sociedad se tome en serio la seguridad en el ámbito del trabajo y las consecuencias que puede acarrear no tomar las medidas preventivas que el puesto requiere.

La alta sensibilidad del Gobierno andaluz en este ámbito, unida al firme y eficaz compromiso de los Agentes Económicos y Sociales en torno a la consecución de los mejores niveles de seguridad y salud en el trabajo, han hecho posible que la prevención de riesgos laborales se haya contemplado sucesivamente como uno de los puntos estratégicos objeto de los Acuerdos de Concertación Social en Andalucía.

A esto hay que sumar hechos como que la Junta de Andalucía fue pionera en colaborar con la Justicia en la lucha contra los accidentes en el trabajo, firmando en el 2004 un convenio de colaboración, el primero de España en esta materia, con la Fiscalía; la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales que ha desarrollado la primera encuesta de condiciones laborales de la comunidad; la puesta en marcha de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014; o programas como el PAEMSA (Programa de Actuación sobre Empresas de Mayor Siniestralidad en Andalucía) o PAERE (Plan de Actuación en Empresas con Riesgo de Enfermedad Profesional). Todo ello con el mismo objetivo, conseguir que la cultura de la prevención no se quede solo en el ámbito de la empresa, sino que traspase los límites de la norma, y se incorpore a los valores sociales. Esta es sin duda, la tarea más difícil que tenemos encomendada y la que debemos desarrollar.

No podemos ni debemos renunciar a la consecución de un índice cero de accidentes laborales, por muy utópico que pueda parecer, nuestra obligación legal y moral es actuar bajo el principio de la tolerancia cero.

* Delegado Territorial de Economía, Ciencia y Empleo