El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el recurso planteado por la Audiencia Nacional contra la reforma --subida-- de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno a finales del año 2012.
La filosofía del auto de la Audiencia no cuestiona la existencia de una tasa, sino la posibilidad de que su cuantía limite el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y de las empresas más pequeñas.
La fuerte oposición a las modificaciones introducidas en este terreno por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue creciendo año y medio después de la entrada en vigor de la ley.
Algunos expertos consideran que la medida encamina a una suerte de privatización de la justicia bajo el pretexto de luchar contra su uso abusivo. Las tasas se emplean como elemento disuasorio. Algo parecido a quienes defienden la penalización del uso de los servicios médicos de urgencias para evitar su colapso.
Así, en el primer balance desde la entrada en vigor del aumento de tasas el Consejo General del Poder Judicial admite que entre enero y marzo del año pasado se registró una caída de pleitos del 21 por ciento en lo contencioso-administrativo y del 14 por ciento en lo civil. En los tribunales de lo social (laboral) sí hubo un incremento, del 1,3 por ciento.
El ministerio entiende que estas cifras no responden únicamente a las tasas, dado que la retracción de la actividad económica ya se había reflejado en lo contencioso-administrativo antes del 2012.
En medios jurídicos, sin embargo, el descenso de causas en algunas ciudades se cifra en el 40 por ciento, una caída que estaría directamente relacionada con el incremento de los costes judiciales.
Solo los mecanismos de mediación civil, mercantil y laboral con los que el ministerio pretende desjudicializar ciertos conflictos podrán paliar el perjuicio que la subida de tasas genera a los ciudadanos con menos recursos y a las pequeñas empresas.
Pero todo el mundo sabe que sus efectos serán muy limitados, dado que en los procesos más comunes, como es el caso de las reclamaciones de deuda, el deudor difícilmente quiere llegar a un acuerdo amistoso sino que suele utilizar la dilación como arma a su favor. Los primeros datos confirman los temores de que lo que se anunciaba desde el Gobierno como un freno a los abusos en realidad aleja a la justicia de los ciudadanos y la hace menos accesible.
