No me parece especialmente llamativo por débil, el debate sobre la modificación constitucional que derive en Estado estructuralmente diferente. Y debería serlo urgentemente. Soy de los que creen en opiniones públicas influyentes como característica de la viveza creativa y de avance de las sociedades democráticas y en consecuencia libres. Además, aun cuando casi nadie duda objetivamente sobre una cierta recuperación económica, a pesar del Gobierno y también de la oposición que antes fue Gobierno irresponsable, es puro voluntarismo creer que la actual estructura estatal puede permitir un desarrollo mantenido. La causa Estado, produce el efecto devastador de su insostenibilidad. Ya ven, las CCAA vuelven a crecer cerca del 2%, por encima del PIB y deben a la banca más de 8.500 millones de euros, siendo los principales morosos de la estructura económica nacional. Diseñar y definir un Estado viable y duradero es tarea difícil, compleja, nada dogmática, muy amalgamada de criterios jurídicos, históricos, económicos, incluso de psicología social. Debería estar vedada a políticos aficionados y a profesionales de la política, que con prisas e improvisación pueden intentar salvar su presente sin que nada les preocupe el futuro colectivo. Pero los líderes divagan y aplazan el tema, porque carecen de visión de Estado. Rajoy proclama que no consentirá tocar la soberanía, ni los artículos 1 y 2 de la Constitución. Y no es esa en absoluto la cuestión. Con cierta displicencia no quiere entrar en el debate. Y a Rubalcaba le preocupa más su liderazgo que el Estado. En la reciente conferencia política, ni se mencionó la territorial, a pesar de los cientos de páginas documentadas. Remiten a la de Granada. Es la yenka permanente. Por eso la opinión de sólidos pensadores, capaces de crear escuela donde se elabora y escribe doctrina sobre Derecho público con sencillez y rigor, como es el caso del profesor Muñoz Machado, hace más atractivo acercarse y reflexionar sobre el presente y el destino de la nación española. Con concisión relata en su Informa sobre España , ahora galardonado pero publicado hace un año, cómo le mueve no tanto el simple interés intelectual del especialista, como la "congoja del ciudadano". Así, partiendo del manifiesto deterioro de las instituciones públicas, recorre en once capítulos la gigantesca crisis constitucional que nos aflige, peor que la económica. Siendo jurista de altísimo nivel, utiliza frases contundentes pero muy expresivas: "El Título VIII de la CE es un desastre sin paliativos, un complejo de normas muy defectuosas técnicamente que se juntaron en dicho texto sin mediar ningún estudio previo sobre las consecuencias de su aplicación". Una de ellas, creo, el asistir atónitos al asalto al poder de la clase política, ayudados seguramente por el "principio dispositivo". Principio cardinal y seguramente la más singular característica de la CE, inspirado en la de 1931. Novedad en el Derecho Constitucional, mediante el cual se desconstitucionalizan parcialmente los poderes de autoorganización territorial, ubicándolos en los territorios que se constituyeran como Comunidades o, mejor dicho, que ya venían actuando como "preautonomías". Con ello se consigue una organización abierta, en permanente definición, en permanente discusión. Y nadie se atrevió a neutralizarlo, ni la Loapa desgraciadamente fracasada para regocijo de muchos.

Pero lo aún peor. El vendaval iniciado en 2006, la segunda oleada del proceso estatuyente, transforma el principio dispositivo en principio de autodeterminación. Ahora en la mente de los nacionalistas vascos y catalanes, pero por iguales razones lo podría estar --y seguramente lo estaría si no se remedia-- en la de gallegos, canarios, navarros, valencianos o de las Islas Baleares. Es decir, que aquel innecesario, reaccionario, lamentable y zapateril debate sobre las reformas estatutarias, ha conducido al inconcluso y seguramente dramático, sobre la reforma de la Constitución. Y en ello estamos, circulando entre la vuelta al centralismo, que nadie se atrevería ni a plantear, la devolución de determinadas competencias a la Administración central, que supondría una solución provisional por su tensión permanente centrifugadora y la solución federalista, de más consistencia y preservadora de la unidad nacional. Sin duda, con Muñoz Machado, es hora de repensar el Estado o destruirlo.

* Licenciado en Ciencías Políticas