En su discurso de investidura, Susana Díaz se mostró dura y contundente con la corrupción e incluso llegó a asegurar que le avergonzaba. Desde un principio, junto con la crisis económica y el paro, la corrupción se ha situado entre sus principales preocupaciones. En realidad, en este corto margen de tiempo al frente del Gobierno andaluz, hay pocos asuntos en los que la presidenta haya sido tan rotunda y clara. Ahora aquellas promesas parecen convertirse en hechos. En el pleno del pasado jueves, Díaz anunció que el proyecto de la ley de Presupuestos de la Junta para el próximo año incorporará más controles sobre la concesión de las ayudas públicas. El articulado de la norma recogerá un informe de la Intervención General sobre las transferencias de financiación con un doble objetivo: lograr un mayor control sobre dichas transferencias y delimitar en qué programas y cómo se podrá aplicar este mecanismo. No se trata de una medida cualquiera. No en vano las transferencias de financiación fue la vía administrativa utilizada por el Ejecutivo andaluz durante una década --2001 y 2010-- para pagar las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Un sistema que investiga la jueza Mercedes Alaya desde hace tres años, ya que sostiene que dicho mecanismo favoreció el fraude de más de 100 millones. A la espera de conocer el informe de la Intervención General consideramos que la iniciativa de la presidenta no puede ser más acertada porque la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de los andaluces.
