E Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que más de dos mil casas construidas de manera ilegal se hallan a un paso de su legalización al mismo tiempo que plantea dar servicios a edificaciones ilegales construidas en zonas protegidas e inundables. Paralelamente el reciente temporal que ha descargado lluvia de manera continua y que ha obligado a que los pantanos desembalsen agua ha afectado a las parcelaciones edificadas en zonas inundables, con lo que el crónico problema de las urbanizaciones irregulares ha vuelto a ponerse de actualidad.

Fue en los primeros tiempos de la democracia, constituidas ya las nuevas corporaciones, cuando salió a la palestra en Córdoba este espinoso asunto que por entonces se denominaba de las urbanizaciones clandestinas. Y que, en principio, nada tenía que ver con asentamientos chabolistas como el Veredón de los Frailes y otros en los que por mucho tiempo se establecieron familias pobres, sin recursos y sin hogar. A estas zonas generadas por evidentes y tangibles bolsas de pobreza la nueva Corporación municipal dotó de servicios.

Pero paralelamente se puso de manifiesto que ya no eran solo primeras viviendas sino edificaciones para ocio y recreo las que se fueron levantando en diversas zonas de Córdoba sin orden ni concierto alguno. Las primeras corporaciones democráticas de Córdoba heredaron esta "costumbre" cordobesa de la parcela --ilegal-- en el campo y desde entonces, desde el 1979, al cabo de más de 30 años, ninguna de ellas --PCA, IU (con cogobiernos con el PSOE) o PP-- le han puesto coto a este, llamémosle así, desmadre urbanístico en el que hay diversos grados.

Uno de ellos sería el de las parcelaciones ilegales en terrenos urbanizables (recogidas ya en el PGOU pero que no ven el final de su proceso de regularización); otro, el de las situadas en terrenos inundables, de especial protección o con grave riesgo de incendios; y dentro de estos grados, el de aquellas que son vivienda única, de primera necesidad, cuyos propietarios no tienen mayores posibilidades; y el de las que parecen fincas de recreo o chalets y que son utilizadas como segunda vivienda.

La actual Corporación quiere ponerse a hablar con la Junta de Andalucía para, junto con la Administración autonómica y los propietarios afectados, afrontar este problema. Para ello deberá estudiar los distintos casos ya que a todos no les vale la misma solución. Afortunadamente hasta ahora no ha habido accidentes mortales en los asentamientos irregulares en zonas inundables (para los que algunos piden la solución de construir un gran murallón de 20 kilómetros de longitud). La Corporación municipal debe abordar a fondo cualquier paso que tenga que dar en las situaciones más delicadas. Aunque sea drástico. Porque urge dar respuesta a un problema que a pesar de ser tan previsible como las riadas se está volviendo crónico.