La federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha estado históricamente en contra de que en la ciudad se construyera al margen de lo que marcaba el Plan General de Ordenación Urbana. Esto es, ni por activa ni por pasiva hemos colaborado en la existencia de parcelaciones ilegales. Siempre hemos denunciado la falta de voluntad política para evitar su proliferación, tanto de responsables municipales como autonómicos, y hemos apoyado a aquellos que han trabajado para que se frenara este alocado e irresponsable proceso urbanístico.

En cualquier caso, no se nos olvida que los máximos beneficiarios de este proceso especulativo, los parceladores, se han escapado con los bolsillos repletos y sin condenas o sanciones. De igual forma que fedatarios públicos, empresas suministradoras o de venta de materiales de construcción, y otros colaboradores necesarios, se han lucrado con la venta de parcelas ilegales.

Siempre hemos sido conscientes de que los compradores de las parcelas han sido también corresponsables de lo sucedido, pero que es injusto que recaiga únicamente sobre ellos el peso de la ley.

Ante la evidencia de la existencia de las parcelaciones, no hemos mirado hacia otro lado.

Defendimos la necesidad de que se marcara un punto final, que se regularizara todo lo que fuera posible y que los costes corrieran a cargo de los parcelistas. Pusimos nuestra confianza en que el PGOU de 2001 supusiera dar respuesta a estos tres puntos. Pero, doce años después, cuando se acaba su vigencia teórica, se ha fracasado por la imposición que hizo la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Córdoba del modelo de regularización de las parcelas.

Se ha seguido construyendo, y los partidos políticos lo han permitido en busca del voto; no se ha conseguido regularizar ningún núcleo, al tratarlos como si fuera un suelo urbanizable cualquiera; y el dinero público y particular puesto para conseguirlo se puede perder ante las dificultades económicas actuales.

Analizada esta situación, desde el movimiento vecinal consideramos urgente que se habiliten fórmulas que permitan dotar de servicios básicos a nuestros convecinos que habitan en parcelaciones. El Plan general ha quedado desbordado por la realidad y debe modificarse, abandonando el modelo que ordena el suelo olvidando a las personas que habitan en él.

Por otro lado, las normativas autonómicas que flexibilizan las condiciones para alcanzar luz, agua y saneamiento, son de difícil aplicación a las características de nuestra ciudad, por lo que solicitamos que se interpreten de forma amplia.

Por último, hay que abaratar los procesos de legalización en marcha y adecuar las multas impuestas a la situación económica existente.

En definitiva, que no queremos que pase otro año sin que estos convecinos tengan los servicios básicos, como parte del vecindario cordobés que son, y que ese debe ser, junto al de la seguridad de sus vidas, lo primero a defender.

* Presidente de la Federación de AA. Vecinales Al-Zahara