La polémica surgida sobre cuál es el déficit del Estado en 2012, si el 6'7% o el 10%, es una manifestación más de opacidad por parte del Gobierno. La diferencia está en si se tiene o no se tiene en cuenta la aportación a la banca, unos 40.000 millones de euros. Al respecto, quisiera aclarar que el resultado de las cuentas públicas sólo es uno, porque en caso contrario no estaríamos hablando de hacienda pública sino de estética pública, y que a todos los efectos la ayuda a la banca computa como deuda y como déficit público, puesto que ha sido el Estado quien se ha hecho cargo del agujero en el sistema financiero español.
El déficit del Estado en 2012 queda cifrado en el 10% del PIB y estaría compuesto por el déficit de: la Administración Central el 3'9%, más 3'25% de la ayuda a la banca, de la Seguridad Social el 1%, de las Comunidades Autónomas el 1'73% y la Administración Local el 0'1%. La desviación con respecto a los objetivos marcados por la Comunidad Europea ha sido de 3'7 puntos de nuestro PIB, puesto que la cifra comprometida en el Plan de Estabilidad era del 6'3%. Las Administraciones que han hecho un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de déficit han sido, con diferencia, las CCAA y quien más se ha desviado de los objetivos de déficit ha sido la Administración Central.
Pero mi reflexión no va sobre las cifras sino sobre la causa del déficit. Tras el aumento de todos los impuestos y los mayores recortes del Gobierno en pensiones, empleo y salarios públicos, educación, sanidad, dependencia y obras públicas, la cifra del déficit se resiste a bajar. La principal razón es que todas estas medidas están destruyendo empleo, reduciendo el consumo y la inversión, y llevando a nuestra economía a una profunda recesión. El enorme e injusto esfuerzo que todos estamos haciendo para salvar a la banca tampoco está repercutiendo positivamente en las necesidades de financiación de familias y empresas. De hecho, con estas medidas hemos alcanzado la mayor tasa de paro de la serie histórica, el 26'2%, a punto de alcanzar los 6 millones de parados, una caída del 1'4% del PIB y los prestamos concedidos siguen disminuyendo.
Si no se hubieran destruido 850.000 empleos en el último año, la Seguridad Social no tendría déficit, el Estado hubiera recaudado más por todos los impuestos, y especialmente en IRPF e IVA, y hubiera gastado menos en prestaciones por desempleo y subsidios. Por tanto, nuestro objetivo económico prioritario ha de ser combatir las causas que destruyen empleo. Tanto la caída de la demanda interna, en bienes de consumo e inversión, la falta de liquidez y acceso al crédito de familias y empresas, y una nefasta y perjudicial reforma laboral, son las principales causas del paro. Si combatimos con eficacia estas razones, los objetivos de déficit se harían mucho más alcanzables. Mientras el paro siga aumentando en España, los objetivos de estabilidad se hacen cada día más inalcanzables, por mucho que los flexibilicemos y aumentemos el tiempo para cumplirlos.
Si la mitad de los recursos que se han destinado a sanear la banca, se hubieran dedicado a crear empleo, a través de políticas activas, y a inyectar liquidez a nuestras PYMES, estoy seguro que se hubiera reducido sustancialmente el déficit público. También la derogación de la reforma laboral se hace cada día más urgente y necesaria.
* Diputado socialista. Portavoz adjunto de Economía
