Barack Obama pone en marcha una de las grandes reformas prometidas durante la campaña electoral, la migratoria, y el Partido Republicano sale de su radicalismo negativo y empieza a entrar en razón. La regularización de 11millones de inmigrantes indocumentados que viven, trabajan o estudian en EEUU no será tarea fácil a su paso por el Congreso, pero ahora se dan unas circunstancias que permiten hacerla posible. La clave que explica este paso adelante después de que dicha reforma embarrancara en el primer mandato de Obama está en el valor electoral cada vez mayor de la inmigración. El presidente resultó reelegido con la inestimable ayuda del 71% del voto hispano. Los republicanos, anclados hasta ahora en la dureza persecutoria, no quieren repetir el error dentro de cuatro años y menos todavía cuando en el firmamento conservador aparece con gran fuerza una figura llamada Marco Rubio.

Mientras hay ya un acuerdo bipartidista (al menos en el Senado) sobre la necesidad de la reforma, el principal escollo será ponerse de acuerdo sobre el final del camino. Mientras los republicanos no quieren ir más allá de la legalización, los demócratas proponen la ciudadanía. La diferencia entre una y otra no es menor. La primera no incluye el derecho a voto y la segunda sí. Más allá del frío pragmatismo con que se afronta la reforma, es de justicia la regularización cuando estos 11 millones de personas están contribuyendo a la prosperidad de EEUU.