Que el poder corrompe es una de las máximas de mayor actualidad en nuestros días, aunque no resulta nueva. Ya proclamaba hace muchos siglos nuestro paisano Séneca que la corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos. Pero denunciada la inmoralidad, ahora que se habla de un pacto para terminar con esta epidemia, el compromiso debe ser aportar herramientas e instrumentos para que aquélla se pueda corregir, e ir devolviendo a la sociedad la confianza que necesitan en sus gestores públicos. Hay medidas preventivas y paliativas para erradicarla. Entre las primeras, debemos situar la política como un ejercicio de servicio a los ciudadanos y huir del modelo profesionalizado actual que no exige preparación ni formación alguna, limitando la duración de los mandatos. La segunda, es evitar que el controlado designe al controlador, implantándose la figura de la intervención previa por personal de carrera y por estricto escalafón, no a dedo como ocurre ahora. La tercera, pasa por la nítida separación entre la política y la función pública, de manera que se ponga orden entre todo el ejército de contratados laborales, personal estatutario, interinos, eventuales y funcionarios, limitándose el número de asesores y personal de confianza, pues la corrupción normalmente exige de la complicidad de alguno de ellos. Resulta fundamental también que la gestión de las empresas públicas se cambie en la contratación de su personal y en una elección de directivos y gerentes profesionales, no de políticos a recolocar.
Un cuarto aspecto es implementar el sistema de listas abiertas y garantizar la democracia a interna de los partidos políticos, cuya ley debiera modificarse para asegurar el acceso de los militantes capacitados a los cargos de responsabilidad interna, institucionalizándose en el seno de los partidos el proceso de primarias para la confección de las listas electorales, y haciendo posible la transparencia financiera de los mismos. En quinto lugar, un nuevo régimen de financiación de partidos frente al deficiente actual, censurado todos los años por el Tribunal de Cuentas, donde se reduzcan los recursos económicos procedentes de la financiación pública, haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas. En sexto lugar, ampliando el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, tanto en los años posteriores al ejercicio de la actividad como en el ámbito de familiares y parientes. La séptima aportación, sería la reforma de la contratación de obras, bienes y servicios, con cambios periódicos de los funcionarios responsables de la misma y con más fiscalización. La octava pasa por eliminar prebendas, como el uso de tarjetas de crédito, móviles, coches oficiales, asistentes personales, además de dietas y pensiones en régimen privilegiado al resto de trabajadores. La novena propuesta está en la reforma del régimen de responsabilidades, políticas y penales, de los infractores aumentando las sanciones. Y la décima, pasa por la educación en valores democráticos y ciudadanos, que cree una opinión beligerante frente a las prácticas corruptas y tome conciencia de que estas suponen un mal negocio.
Resulta posible, exijámoslo.
* Abogado
