Inesperadamente, las dos grandes formaciones políticas, el Partido Popular y el PSOE anunciaron ayer un acuerdo para intentar paliar el problema de los miles de ciudadanos españoles cuyos ahorros han perdido gran parte de valor al estar depositados en productos financieros como participaciones preferentes o deuda subordinada.

Unos productos que las cajas de ahorros españolas hoy convertidas en bancos ofrecieron a sus clientes, en los años de bonanza, sin advertirles adecuadamente, en la mayor parte de los casos, del riesgo de la volatilidad del capital al no estar este garantizado.

Según el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso, en mayo del año 2011 los españoles afectados eran 680.000, y el valor de las cuentas cuestionadas, de 22.500 millones de euros. Unas cifras aterradoras, más dramáticas aún si se tiene en cuenta que muchos de los perjudicados son jubilados sin cultura financiera pero que, confiados en los consejos de su caja, depositaron en esos productos los ahorros de toda su vida.

El acuerdo Partido Popular-PSOE del que estamos hablando no garantiza a los afectados la restitución de todo el capital que ahora está en el limbo, ni mucho menos, pero supone un paso en la buena dirección.

VELAR POR LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE

En síntesis, el pacto instaura una comisión --con presencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, el Gobierno, las comunidades autónomas y los consumidores-- que velará para que los procedimientos de arbitraje que han establecido o deberán establecer las entidades que vendieron esos productos y hoy están nacionalizadas --Catalunya Banc, NovaGalicia Banco y Bankia-- sean los adecuados y se basen en "criterios de carácter objetivo".

Una fórmula, sin embargo, excesivamente elástica, que puede dar lugar a agravios comparativos si otros clientes de perfiles muy parecidos ven resueltos de formas diferentes sus expedientes. Si los arbitrajes solo restituyen el dinero en los casos más escandalosos, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad.

Y habrá que ver también cómo se resuelven, por ejemplo, las situaciones de quienes tenían preferentes y fueron obligados por su banco a cambiarlas por acciones cuyo valor ha descendido un 80 por ciento en menos de un año.

Una tarea ardua, pues, es la que aguarda a la comisión. Aun partiendo de la base de que será casi imposible que todos los afectados recuperen todo el capital --la Unión Europea tampoco lo admitiría--, el pacto PP-PSOE debería traducirse en la salida menos mala posible de un problema que debería avergonzar a los bancos que lo crearon y que no puede repetirse.