Cuando aparecen este verano en los medios de comunicación las sentencias del Tribunal Supremo, que avalan que se deniegue el concierto a dos centros docentes de Cantabria y otro de Andalucía, porque discriminan por razón de sexo, se abre un debate en la sociedad española sobre si se debe financiar con fondos públicos a los centros con educación segregada. Esta polémica reabre el debate en torno al modelo educativo, que va más allá de lo puramente académico y trasciende al ámbito social.

La educación es uno de los fundamentos básicos del Estado de derecho. Es preciso educar a la ciudadanía con la máxima calidad, para favorecer el progreso, el bienestar y la justicia social. Nuestra obligación como sociedad avanzada es enseñar a niñas, niños y jóvenes en la escuela para que luego sepan convivir plenamente en sociedad. La socialización del alumnado se aprende en los colegios e institutos junto a los contenidos. Si segregamos, estamos transmitiendo a nuestros jóvenes que somos desiguales; se refuerzan así estereotipos, se dificultan las relaciones de compañerismo y se entorpece la posibilidad de que hombres y mujeres convivamos de forma igualitaria. La LOE (Ley Orgánica de Educación) deja claro que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en los centros sostenidos con fondos públicos.

Por tanto, los centros docentes que segregan por sexo no deben recibir financiación con dinero público. No se cuestiona la existencia de estos centros docentes; pueden y deben existir para que las familias que lo deseen, ejerzan esa opción libremente, pero no pueden pretender financiarse a costa del Estado. La igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación son ejes fundamentales en la escuela.

Educar en igualdad significa que eduquemos a todas las personas con los mismos valores y en las mismas condiciones. Una escuela coeducativa integra a personas competentes académica, personal, relacional y socialmente. Y para eso, necesitamos que nuestras aulas estén abiertas a todas las personas, a niños y a niñas por igual.

El mundo está compuesto por hombres y mujeres, que debemos aprender desde nuestra infancia a convivir en respeto e igualdad. La convivencia entre ambos sexos es un aprendizaje continuo, siendo la escuela, la familia y el entorno los primeros espacios de socialización. Esos valores democráticos son los que debe defender la escuela sostenida con fondos públicos y así lo avala la decisión que el Supremo ha dictado, en el sentido de que con la legislación actual no se podrán conceder nuevos conciertos a este tipo de centros ni renovar los ya existentes.

* Profesor y miembro del Gabinete de Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación de Córdoba