Tengo para mí que a ningún político, sea del partido que sea, le interesa que la Administración de Justicia funcione. No les interesa porque saben que los jueces son los únicos que los meten en vereda cuando cometen alguna tropelía; incluso tienen "su propio Tribunal": el político-constitucional. Estoy con la señora Aguirre en que el Constitucional debería ser una Sala del Tribunal Supremo. Buena prueba de ello es la sentencia de dicho "su" Tribunal que considera constitucional imponer una tasa para acceder a los Tribunales, por cierto, sin apenas contestación. Ley de Tasas a todas luces discriminatoria porque únicamente tiene en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos y ciudadanas (doña Rosa dixit). De lo único que se habla es que para poner pleitos (los tengas, los ganes... y los cobres) hay que pagar. Nadie ha caído en otra discriminación, si cabe, más importante. La que ha constitucionalizado la desigualdad ante la ley entre los políticos y los ciudadanos, en cuanto exime a la clase política del pago de dicha tasa. Basta leer el artículo 4 para saber que no pagan la Administración General. del Estado (presidente, ministros...), la Admón.Gral. de las 17 autonomías (presidentes, consejeros...), diputaciones, ayuntamientos y, por si fuera poco, los organismos públicos dependientes de todos ellos tampoco pagan. Pero ahí no queda la cosa: también son beneficiados el Senado, el Congreso y los 17 Parlamentos autonómicos. Tampoco pagan los partidos políticos en materia electoral.
Al igual que la Ley de Tasas recoge que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes "más se benefician" de ella, a la clase política porqué no se le impone una tasa de 6.000 euros cada vez que se "benefician de su tribunal político-constitucional".
Y no conviene olvidar que la nueva tasa es compatible con el depósito para recurrir implantado en el año 2009 (apelación: 800 euros más 50 euros) y que la clase política tampoco paga. Pero esta Ley no solo perjudica a los ciudadanos, sino que ha convertido al Ministerio de Justicia en recaudador de impuestos para el Ministerio de Hacienda y, lo que es más grave, ha convertido a los secretarios judiciales en meros gestores tributarios. Y tan discriminatorias tasas son independientes de las que puedan exigir las comunidades autónomas. ¡Que si quieres arroz, Catalina! Tasas que quedarán vinculadas al sistema de Justicia gratuita. Nada para la modernización e informatización integral ni para la mejor financiación del sistema judicial. Menos para la "plataforma de conectividad". Lo dicho: a los políticos no les interesa que la Administración de Justicia funcione.
Una cosa buena sí tiene esta Ley. Da un espaldarazo definitivo a la profesión hermana de la Abogacía: la de Procurador de los Tribunales. Y lo hace cuando al derogar el apartado 3 del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción afirma rotundamente "que la práctica demuestra cómo esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz". Entiendo que extrapolable a la jurisdicción civil frente a aquéllos que pretenden que la Procura desaparezca o de quienes desconozcan cuáles sean las funciones de los procuradores en la Administración de Justicia. Ante la pronta asunción de nuevas competencias --actos de comunicación, ejecuciones-- sería conveniente que el Consejo General de Procuradores de España iniciara una campaña informativa y explicativa sobre dicha profesión en colegios, universidades...
Por todo lo expuesto, lo que sí ha lugar es a la dimisión del ministro de Justicia, a la derogación de la Ley de Tasas y a que, alternativa o subsidiariamente, las togas tomen la calle (no necesitamos sindicatos). Es de Justicia. Termino. Después de 25 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión sigo siendo abogado, no un "operador jurídico". Reitero Justicia.
* Abogado
