Los Presupuestos Generales del Estado del 2012 (los primeros desde la llegada de Rajoy a La Moncloa) fueron presentados por el Gobierno en su día con un deliberado retraso --para desesperación de Bruselas-- porque no quería interferencias en la campaña electoral andaluza. Los correspondientes al 2013 se aprobaron el pasado jueves y serán presentados en el Congreso hoy, el último día posible para cumplir los plazos. Esos dos retrasos acentúan la impresión de que el Ejecutivo va a remolque de los acontecimientos, y con cierta desgana por lo que esos números significan de compromiso para el futuro, un compromiso que quizá no podrá cumplir. Las previsiones de ingresos y gastos aprobadas el jueves en Consejo de Ministros evidencian un Gobierno prisionero de circunstancias que no controla. Ya se ha comprobado en los últimos meses, cuando han fallado sus cálculos de entradas, por ejemplo por la criticada amnistía fiscal, y los de salidas, como ocurre con el subsidio de desempleo y las pensiones.

POCAS SORPRESAS DE CARA A LA GALERIA

Tampoco se puede hablar de un derroche de imaginación. Al margen de la nueva autoridad fiscal que controlará la ejecución presupuestaria de todas las administraciones y de la ley del mercado único --también pensando en las autonomías--, las únicas novedades del jueves son otro plan Prever para el automóvil y un nuevo impuesto para las loterías, como había sugerido el PSOE hace un mes, y que entonces fue vetado por el ejecutivo al considerarlo de insignificante.

Lo más destacable de las cuentas del 2013, lamentablemente, es que llevan un ajuste de 40.000 millones, casi la misma cantidad que se destinará al pago de los intereses de la deuda, un capítulo que crece el 34%. Ese ahorro, que en realidad es un diferimiento de rentas hacia los inversores en bonos españoles, afectará de nuevo a los funcionarios, que verán congelado su sueldo, y también a los pensionistas, siempre en el punto de mira de quienes diseñan los recortes de gasto.

¿HABRA COMPENSACION POR EL DESVIO INFLACIONISTA?

La vicepresidenta del Gobierno no quiso precisar si habrá una compensación por el desvío de la inflación entre el 1% que se aplicó para este año y la que se alcanzará en noviembre. De mantenerse la tasa actual, el desfase costaría a las arcas del Estado 4.000 millones, lo que explica su ambigüedad. En el paquete de reformas previstas --habrá 43 nuevas leyes para el próximo semestre según adelantó Sáenz de Santamaría-- figuran algunas relativas al gasto en pensiones, como es el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada, así como la revisión de los requisitos generales para dejar la vida activa recogidos en el Pacto de Toledo.