Artur Mas anunció ayer la disolución del Parlament a mitad de legislatura para adecuar mejor la representatividad de la Cámara catalana a la nueva situación que se puso de manifiesto el 11 de septiembre. Informó del adelanto electoral en un discurso muy medido --aunque también sorprendente y peregrino, trufado a ratos de oportunismo-- en el que, además de dar cuenta de su gestión, que era para lo que estaba convocada la sesión parlamentaria, incorporó algunas novedades. En primer lugar, centró de forma ostensible en él mismo tanto la coyuntura como el futuro de Cataluña, una personalización a un paso de la patrimonialización del malestar que se expresó en la Diada. También presentó al castellano como patrimonio de Cataluña, donde, recordó, vive en armonía y mezclado con el catalán, una reivindicación inédita.

Conocida ya la fecha de los comicios, el 25 de noviembre, conviene subrayar lo obvio, que unas elecciones no son un referendo, que no pueden sustituir una consulta en la que los ciudadanos puedan pronunciarse de forma directa sobre una cuestión tan trascedental como es el vínculo institucional de Cataluña con España. CiU, que no fue ajena a los preparativos de la gran manifestación del 11-S, ahora se ve empujada por su exitoso resultado. El llamamiento a las urnas puede acabar por colocarle en una situación muy compleja y de difícil retorno. Y sería un error que este debate relegara las necesarias acciones y explicaciones sobre la situación económica y los ajustes.