Con la crisis, su repercusión, a tenor del ajuste presupuestario, la reducción del déficit y los recortes de los gastos públicos, que principalmente incide sobre las partidas relacionadas con el estado del bienestar: sanidad, seguridad, educación y pensiones, como sobre los salarios, y que el Gobierno está implementando, recae, para variar, sobre los más desfavorecidos, débiles e indefensos, pensionistas y jubilados, trabajadores y funcionarios públicos; así como sobre los empresarios: grandes, medianos y pequeños, si bien son estos dos últimos grupos los que se sitúan en una coyuntura mucho más difícil de conllevar. Sin embargo hasta ahora no se ha puesto la pica en aquella zona de la estructura del Estado sobredimensionada y por tanto siempre sobrante, máxime en época de vacas flacas, como ahora acontece.
Dicen que ¿un pabellón completo del palacio de la Moncloa, antes ocupado por numerosos asesores, ahora está vacío?, y que en algunos gobiernos autonómicos también una pequeña parte, aún en escasa proporción, de tales personas adjuntas se ha licenciado, así como se han cerrado ciertas empresas públicas. ¿Pero eso es todo? ¿Y el resto de lo mucho que queda por suprimir de la propia y exuberante estructura política, administrativa y gubernamental del Estado, como de la insostenible de las comunidades autónomas, de diputaciones, de ayuntamientos, de agencias, observatorios y demás entidades públicas, o de los aparatos de propaganda y difusión? ¿Hasta cuándo entonces?
* Licenciado en Derecho
