La ciudadanía ha asistido atónita en las últimas semanas a un nuevo episodio anómalo de los poderes del Estado, esta vez el judicial. Y, ante esa ciudadanía han resultado poco convincentes e insuficientes las explicaciones de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En entredicho están sus viajes con fines de semana en hoteles y restaurantes de lujo, porque el erario ha corrido con los gastos. Dívar negó ayer que hubiera cometido irregularidades, denunciadas desde el seno del CGPJ y luego rechazadas por un bucle burocrático, aunque el secretario general del Consejo no quiso certificar por escrito el carácter oficial de los desplazamientos.
Del revuelo los españoles han tomado nota de que en la judicatura hay semana caribeña , que los planes de austeridad no llegan a todos los rincones de la misma manera, que la transparencia no es una señal destacada en la actividad judicial, que en sus desplazamientos cualquier día de la semana la autoridad judicial arrastra un séquito de coches oficiales y escoltas, y que en el CGPJ se libra una guerra de colores políticos de la que este caso puede ser solo un aperitivo. Con la decisión de modificar el sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón solo pone un parche, que agradecen los conservadores, donde habría que usar bisturí. Continuará.
