La primera huelga general en el sector educativo que afectaba a todos los niveles de la enseñanza ha tenido un desigual seguimiento tanto por autonomías como por etapas. Las mayores protestas se sucedieron en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Y fue, sin duda, en la Universidad donde más se dejó notar el seguimiento de este paro, llegando incluso a paralizarse la actividad por completo. Además de la guerra de cifras entre Gobierno y sindicatos habitual en este tipo de convocatorias, el desarrollo de la misma merece algunas reflexiones. Hay que destacar la ausencia de altercados de envergadura en las diferentes manifestaciones o actos de protesta. Una tónica que sólo se rompió por la detención de algunos jóvenes en Cataluña y Madrid. Es significativo el papel que está jugando la Universidad y los universitarios en esta batalla contra los recortes. Y es que el panorama para este colectivo es muy peliagudo. Los ajustes de 3.000 millones tendrán una especial incidencia en la educación postobligatoria ya que supondrán una bajada de las becas y un importante aumento de las tasas, lo que obligará a muchos de estos estudiantes a hacer un esfuerzo económico extra para poder terminar sus estudios. Un hecho que pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades al que tienen derecho todos los españoles. Pero con independencia de las cifras de esta huelga, parece evidente el malestar social. El ministro Wert tiene que escuchar el clamor de la calle y defender uno de nuestros pilares.