Todo el sector educativo está convocado hoy a una jornada de huelga general en protesta por los recortes del Gobierno y en defensa de una enseñanza pública de calidad que afecta a siete millones y medio de estudiantes, sus familias y a un millón de trabajadores.

No estamos ante un paro más. Y son varios los motivos. En primer lugar por el carácter unitario del mismo. Y es que por primera vez en democracia se trata de una huelga organizada en toda España --salvo en Baleares y el País Vasco-- que afecta a todos los niveles educativos (desde Infantil a la Universidad) y que, además, cuenta con el respaldo tanto de las organizaciones estudiantiles, sindicatos como de las asociaciones de padres.

En segundo lugar porque los recortes, que este año ascienden a 3.000 millones y se prevé un descenso en el gasto hasta 2015, suponen un torpedo en la línea de flotación de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Es lógico que en este momento tan crucial para España se reexamine el funcionamiento del Estado, incluido el sistema educativo, con el objetivo de racionalizar el gasto y cumplir con el déficit. El problema es que el Ejecutivo ha metido la tijera en partidas que ponen en riesgo la igualdad de oportunidades --subida de las tasas universitarias y revisión a la baja de la concesión de becas-- y la calidad de la enseñanza --aumento de la ratio y despido de profesores--. No es de extrañar, por tanto, la preocupación de padres, alumnos y profesorado ante esta situación.

En Andalucía, la consejera de Educación, Mar Moreno, explicó ayer a los sindicatos que la Junta de Andalucía no ve manera de eludir esta orden "obligatoria" que Andalucía recurrirá ante el constitucional, y que el coste será el cese, a partir de septiembre, de 4.827 profesores interinos, a los que no se renovará el contrato. La Junta de Andalucía ha mostrado complicidad para con los colectivos que hoy mostrarán su protesta, a pesar de que las pancartas que se exhibirán hoy también recriminarán al Ejecutivo andaluz. Este muestra una actitud dialogante y ofrece soluciones intermedias para paliar la situación (mantenimiento de la ratio, bajada del 5% del sueldo y del 15% de jornada y salario de eventuales), pero asegura que no le es posible evitar los recortes, que podrían terminar afectando a 10.000 docentes interinos.

No estamos, desde luego, ante una huelga más. Porque, a las dos razones citadas, la universalidad de la convocatoria y el efecto de los recortes en el Estado del Bienestar, cabe añadir que con todos estos ajustes se están boicoteando las expectativas de las próximas generaciones y enterrando la posibilidad de salir reforzados de la crisis. No hay mejor inversión de futuro que la educación. Ante la enorme presión de los mercados y de nuestros socios, el Ejecutivo se ha olvidado del mañana. España, además de afrontar los envites del día a día, tiene que tener un plan de acción para cuando pase todo este tsunami.