A caballo entre la cura de humildad y la bajada de pantalones, el Gobierno andaluz anuncia sus primeras medidas y, sorpresa, bajan el salario a los funcionarios. Una medida populista teniendo en cuenta las connotaciones casi peyorativas que tiene en este país formar parte del funcionariado, sinónimo de vagancia y absentismo laboral. Bajo este prisma de tópicos la respuesta social, aunque por fortuna no unísona, ha sido "que se fastidien los funcionarios que para eso hacen poco y tienen un sueldo seguro". Pero ese raciocinio se olvida de cuando los funcionarios no se movían de sus salarios, que rondan los 600 euros de sueldo base, y el resto de la población se colgaba como cada uno buenamente podía a la burbuja inmobiliaria y a los sectores derivados. Ahora la economía se ha colapsado al no poder soportar la deuda que los mercados han creado y se le exige a los trabajadores públicos que paguen los platos rotos y que, recriminándoles su estabilidad, se bajen el sueldo para evitar el rescate extranjero del país.

El cargar a los hombros del funcionariado la responsabilidad de salir de la clase es incoherente. Es como si a un tipo deportista y sano le exigen que done uno de sus pulmones a un fumador empedernido por el mero hecho de tener dos. Además es contraproducente porque si el funcionario pierde capacidad adquisitiva, deja de tomarse la cerveza del sábado en el bar de la esquina con lo que el hostelero se las arregla sin contratar a ningún camarero, el empresario tiene unas ganancias mínimas y no puede permitirse, por ejemplo, renovar el coche. Al no generarse empleo por la falta de consumo desciende el consumo por el aumento del paro. Estamos en una espiral de la que es difícil salir con recortes. Por otro lado, merece la pena recordar quiénes forman parte del funcionariado, además de los enchufismos que, es verdad, existen en los entes estatales. Pero los empleados públicos son también los profesores y los profesionales de la sanidad, sectores en los que se están llevando a cabo unos recortes ya de por sí bestiales y que ha movilizado al pueblo en no pocas ocasiones. Por ello, es necesario defender el salario digno de estos trabajadores para mantener el estado del bienestar. Es la forma de manifestarnos en contra de la búsqueda incesante de Madrid hacia las privatizaciones desde la isla socialista del sur. Por eso, que las medidas del Gobierno de izquierdas que estaba llamado a contrarrestar el avance de la derecha en el país afecten de pleno al contribuidor medio no es lo que hoy más me indigna, sino la condescendencia y el medio aplauso generalizado que pueden inspirar futuros recortes. Y es que, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos.

* Periodista