Durante mucho tiempo creímos que el progreso era irreversible y que, pese a sus imperfecciones, el Estado Social y democrático de Derecho era la estructura más adecuada para perseguir el bienestar y la justicia. Nos agarramos con fuerza los paradigmas de la razón ilustrada y convertimos a los derechos humanos en una religión que, a pesar de sus incontestabilidad, no fue capaz de desterrar a los dioses patriarcales. Nos embarcamos entusiasmados en eso que Marina llama "liturgia de la anticipación", es decir, nos convencimos que desde la política era posible trabajar por un futuro en el que los derechos irían extendiéndose y haciéndose efectivos. Pensamos que la democracia era la única herramienta posible para construir un porvenir de libertad, igualdad y fraternidad. La felicidad política a través de la confianza ciega en la capacidad ordenadora de la razón y en el juego provechosamente conflictivo del pluralismo político.

Hoy, sin embargo, nos sentimos prisioneros del desasosiego ante una crisis que, más allá de la económica, lo es de todo un sistema de referencia y de un modelo que durante décadas nos ofreció una más que confortable seguridad. Ahora, por el contrario, este horizonte se quiebra, lo cual supone a su vez la muerte lenta de aquellas ideologías que confiaron en una progresividad de los derechos guiada más por la igualdad que por la libertad.

La prueba más evidente de este fracaso son los recortes que los gobernantes de todos los colores están realizando en la enseñanza pública. La educación es derecho político por excelencia, en cuando que en él está el germen de una ciudadanía éticamente comprometida, además de ser el baluarte para el progreso económico y social de un país. Su limitación, por tanto, conduce a un deterioro irreversible de la democracia y al cierre de las puertas que mejor podrían garantizar un crecimiento sostenible.

Todos nuestros gobernantes, en estos momentos en que las ideologías --como la soberanía-- son líquidas, se han bajado los pantalones ante las exigencias de unos poderes privados a los que no se han atrevido a controlar jurídicamente y nos han demostrado, de manera flagrante los de izquierdas, lo débil de su compromiso con la educación como derecho social. Porque aunque no se haya llegado a tocar directamente el carácter universal y gratuito de la enseñanza obligatoria, los recortes a aplicar van suponer una caída en picado de su calidad y, por tanto, de su efectividad. Porque también afecta a la calidad del sistema la reducción del profesorado, la bajada de sueldos y complementos, el maltrato sistemático de quienes deberían ser principales aliados de la transformación social y, con él, la pérdida de estímulos y el consiguiente clima de acritud poco propicio para el feliz desenvolvimiento de sus tareas. Todo ello por no hablar de la herida de muerte infligida a la enseñanza superior, la cual ahondará aún más el pozo en el que hace años lleva la Universidad gracias a unas políticas que parecen diseñadas por el principal enemigo de la calidad y del reconocimiento objetivo del mérito y la capacidad. Eso sí, mientras tanto, no deja de inyectarse dinero de todos a la banca y de eludirse la responsabilidad que tantos de nuestros representantes tienen en los descalabros de nuestro sistema financiero.

Todos los que tenemos hijos contemplamos con angustia el presente porque no podemos evitar mirar hacia el futuro. Como hace años escribió Belén Gopegui, "solo podemos vivir hacia delante, hacia la ideología que recibirán de nosotros nuestros hijos". Yo miro al mío y se me cae la cara de vergüenza ante la ideología que le vamos a dejar en el mundo que le tocará vivir. Y siento entonces que mi corazón de izquierdas late con dificultad, sobre todo cuando contemplo a los que hace tiempo dimitieron del hacer. Un verbo que marca la diferencia entre el cinismo y la credibilidad.

* Profesor de Derecho