En este panorama de malas noticias y negros presagios encontrar un terreno en el que no se produzcan nuevas disputas y haya un mínimo denominador común da un cierto respiro.

Es lo que ocurrió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde se coordinan las decisiones de la economía pública en manos de las comunidades autónomas.

A pesar de las dificultades previstas, hubo consenso, que en este caso se traduce en la aprobación de todos los planes de contención del déficit de las autonomías para que puedan llegar al 1,5 por ciento al final de este año.

ASTURIAS SUSPENDE, ANDALUCIA PASA

Solo fue rechazado el plan de ajuste presentado por el Gobierno en funciones de Asturias. El de coalición entre socialistas y UPyD que echará a andar en unos días tiene dos semanas para presentar otro que al Gobierno central, que amenazó públicamente con intervenir el Principado, le ofrezca más garantías.

El de Andalucía, pese a las tensiones generadas tras las recientes elecciones autonómicas, también fue aprobado tras introducir unos retoques. El plan andaluz, sometido junto al del resto de las comunidades autónomas al examen del CPFF, plantea la modificación en 3.500 millones de euros de Andalucía para 2012, concretamente aumentando en mil millones la previsión de ingresos y reduciendo en 2.500 millones varias partidas de gasto.

Para el Gobierno es muy importante lanzar el mensaje a la Unión Europea de que las administraciones territoriales, que administran casi el 40 por ciento del gasto público español, se han puesto las pilas y trabajarán en plena sintonía con la política de consolidación presupuestaria defendida por Bruselas y asumida por España.

En las últimas semanas han sido frecuentes los llamamientos de organismos comunitarios para que el Gobierno central embridara a las autonomías y les apretara las tuercas.

UN POCO DE CALMA

Tampoco han faltado mensajes directos y amenazas veladas de intervención por parte de Madrid. Ahora parece que todo se calma un poco, solo un poco.

El plan de Cataluña, que suma 4.295 millones de euros de ajuste, también fue aprobado. El Gobierno, según adelantó ayer el Partido Popular, reconoce el pago de los 211 millones de la disposición adicional segunda del Estatut, aunque su liquidación está sujeta a disponibilidad de las arcas de la Administración central. Más del 60 por ciento del ajuste se hace por la vía de los recortes --1.069 millones del capítulo sanitario y educativo-- y el resto por los ingresos: tasa turística, euro por receta, aumento del gravamen de combustibles, etcétera.