En medio del torrente de noticias que permanentemente recibimos, hay hechos que se resumen en un titular y pasan sin análisis al imaginario colectivo. Uno de estos hechos resumidos y convertidos en grandes frases es el tema de las cuentas de las Comunidades Autónomas. Un tema importante por sus efectos económicos y por su utilización política sobre el que es necesario reflexionar.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada administración que compone el conjunto del sistema administrativo español es económica y financieramente diferente, a pesar del intento de todas las autonomías de crear miniestados. Así, la Administración Central del Estado es una administración fundamentalmente reguladora y financiadora (recauda los impuestos y gestiona la deuda pública principal), mientras que la Seguridad Social es una administración de redistribución interna de la renta (contribuciones sociales y prestaciones) y las Comunidades Autónomas son administraciones orientadas a la prestación de servicios públicos, esencialmente educación y sanidad. De esta diferencia entre administraciones se tiene que deducir un primer corolario pues, mientras que es la Administración Central la que tiene que tomar las decisiones sobre impuestos y asumir su coste político, son las Comunidades Autónomas las que tienen la responsabilidad de ajustar el grueso del gasto público y asumir su coste político. De ahí, también, el que sea la Administración Central la que presione y regule las posibilidades máximas de gasto de las Comunidades.
En segundo lugar, las Comunidades Autónomas, por la naturaleza de su función, son la administración más gastosa porque son las responsables de los gastos públicos que consumen más personal (la educación y la sanidad tienen como principal coste los recursos humanos) y porque sus servicios son bienes públicos individualizados que llegan a cada uno de los ciudadanos. Todas las Comunidades Autónomas, en esencia, tienen las mismas competencias básicas y todas tienen la misma función. Más aún, en teoría toda la ciudadanía tendría, según la igualdad que consagra la Constitución, que recibir los mismos servicios públicos. Y, sin embargo, el gasto por habitante (en educación o sanidad) difiere entre las comunidades, siendo mucho más alto en las más ricas.
En tercer lugar, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas vigente es, además de complejo, también desigual, porque al incluir como criterio el PIB hace que la financiación por habitante sea mayor en las más ricas. Aparte de la excepción de las Comunidades Forales (País Vasco y Navarra), la complejidad de los variables de cálculo (población, territorio, PIB, etc) hace que haya comunidades autónomas bien financiadas (esencialmente las uniprovinciales), comunidades con financiación suficiente (Castilla-León, Madrid, las insulares, Valencia, Cataluña) y otras crónicamente mal financiadas (Extremadura). Dicho de otro modo, la financiación por habitante que recibe un residente de Madrid o Cataluña es mayor que la financiación por habitante de un extremeño o un gallego.
De lo anterior se puede deducir que las deudas que acumulan las Comunidades Autónomas (el 13,1% del PIB) no sean iguales, ni pueden tratarse por igual, porque tienen distinto origen. Así, los 5.707,5 euros por habitante que deben los catalanes o los 4.142 euros de los valencianos no se deben a un problema de financiación, pues el sistema les ha beneficiado lo mismo que a los madrileños (2.418 euros de deuda), sino a un exceso de gasto en servicios públicos. Son estas comunidades, pues, las que han de hacer el esfuerzo más grande por ajustarse, no sólo porque son las que más deben, sino porque deben mucho más que comunidades más pobres que tienen menos financiación por habitante, como es el caso de Andalucía con una deuda per capita que es un 30% de la catalana.
Lo siento, pero no se puede despachar un ajuste fiscal como el que hemos de hacer repartiendo los recortes burdamente, pues me temo que el tema es bastante más complejo. Creo que haría bien el Gobierno en explicarlo, aunque sea entonando el mea culpa del despilfarro en Valencia.
* Profesor
