El principio abrazado por la UE es la creación de una economía basada en el conocimiento para competir fuera de sus fronteras. El recorte de 600 millones de euros en investigación, decretado por el Gobierno Rajoy, pone palos a las ruedas de este objetivo, vinculado a la recuperación económica, e impide el acercamiento español a los estándares de los mejor situados en la UE. Los países intervenidos o en situaciones difíciles gastan en ciencia por debajo del 2% de su PIB. España, el 1,39%. Las consecuencias de estos recortes no solo tendrán un impacto en los investigadores sino en el sistema científico general. El efecto, además, se verá con mayor intensidad a medida que pase el tiempo, dado que este sector sensible no puede tampoco permitirse el lujo de mantenerse en una posición de espera. El parón en la investigación tendrá también repercusión en las empresas y en el prestigio de las universidades. La situación ha provocado la alarma entre los científicos. El CSIC, productor base de la ciencia, recibirá uno de los mayores golpes presupuestarios y deberá acogerse a la contratación cero anunciada por el Gobierno como el resto de organismos públicos. El impacto en el sistema científico afectará, de forma especial, a investigadores formados y reconocidos en el extranjero, que no hallan hueco aquí. Estas fugas de cerebros repercutirán directamente en el Programa Ramón y Cajal, que se creó en el 2001 precisamente para recuperar el talento que había emigrado. Se vislumbra otro regreso al pasado.