Lamentable y políticamente reprobable el comportamiento de los representantes del Gobierno central y de los líderes del PP respecto a Andalucía, ante la próxima cita electoral del 25 de marzo. Al grito de "todos a por ellos", cruzan Despeñaperros para lanzar misiles tierra-aire, sin importarles el destrozo que provoquen a nuestra Comunidad. Todo les vale para conseguir el último bastión socialista y llegar al poder absoluto. Arenas inicia la estrategia y lanza el primer misil al manifestar que Andalucía está en la bancarrota. Sigue su estela la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, poniendo a la Junta de Andalucía al borde de una hipotética suspensión de pagos, cuando la Junta no ha tenido que acudir, como lo han hecho otras Comunidades gobernadas por ellos, al auxilio del Gobierno para hacer frente a sus obligaciones de pago. A continuación, el ministro Montoro es quien acusa a la Junta de Andalucía de falta de transparencia y de tener una lista de deudas pendientes sin contabilizar. Y no podía faltar Dolores de Cospedal afirmando que la Junta de Andalucía aporta al Estado datos ficticios de su déficit.
Ninguno de ellos aporta pruebas objetivas, ni fundamentos sobre sus acusaciones. Con sus manifestaciones tratan de sembrar dudas, desconfianza e incertidumbre en los ciudadanos. Intentan desacreditar al Gobierno andaluz, pero en realidad están perjudicando la credibilidad y las cuentas de nuestra Comunidad autónoma. En primer lugar, estas declaraciones están poniendo de manifiesto la deslealtad institucional del Gobierno Central frente a la Junta de Andalucía, y un uso partidista de las instituciones públicas. Las declaraciones también están generando inseguridad jurídica, ya que ponen en cuestión los sistemas de contabilidad y registro de la institución, y las funciones de control económico-financiero que desempeña la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Al mismo tiempo, alimentan la desconfianza de las empresas de calificación de riesgo, que tienen que valorar nuestra deuda pública. Generan desconfianza exterior en los mercados financieros, donde la Junta oferta esta deuda pública y capta financiación. También provocan desconfianza a las entidades financieras y a los miles de proveedores de la Junta de Andalucía, quienes se plantearán si seguir prestando los servicios y, en caso de continuar, imputarán mayores costes financieros. Y no digamos sobre la preocupación que debe suponer para los empleados públicos estas manifestaciones temerarias e infundadas. Lo peor de todo ello, es que el aumento de desconfianza y descrédito supone más dificultades para el funcionamiento óptimo de la institución y de los servicios que presta, y un coste añadido para la Junta de Andalucía, quien, al igual que el resto de instituciones, está afrontando un importante plan de ajuste para reducir el déficit público.
Sin embargo, estos representantes públicos no se manifiestan sobre el déficit de inversiones del Gobierno central en Andalucía, reconocido por el anterior Gobierno y pendiente de reconocer por el actual, por importe de 1.500 millones de euros,o sobre los anticipos devengados en el 2011 y no pagados a nuestra Comunidad, por importe de casi 1.400 millones de euros. Tampoco hacen referencia a los datos objetivos que aporta el Banco de España, quien pone de manifiesto que Andalucía es de las comunidades autónomas menos endeudadas, 1.500 euros por habitante, casi la mitad de la media de todas las comunidades y casi una tercera parte de la que tiene Valencia.
Los andaluces deben reflexionar sobre la estrategia de "tierra quemada" del PP y valorar el destrozo que están provocando, con la única intención de conseguir un poder absoluto en todas las instituciones, para lo que les queda por alcanzar el Gobierno Andaluz.
* Diputado socialista, vicepresidente Comisión de Economía
