El Gobierno español sigue esperando a que en Bruselas y en Berlín se aclaren sobre lo que hay que hacer para salvar al euro o, lo que viene a ser lo mismo, para evitar que Italia y España caigan por el precipicio. A falta de directrices precisas, que puede que tarden, Rajoy y sus ministros están metidos de lleno en una campaña de declaraciones sin contenido, cuyo único objetivo es tapar la confusión que sus precedentes intervenciones o silencios han causado. Pero en medio de ese decepcionante panorama, la vicepresidenta del Gabinete ha hecho un poco de luz: sus anuncios sobre reformas en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional han venido a indicar que puede que el PP no sepa muy bien qué hacer con la economía, pero que, por el contrario, no tiene duda alguna de cómo ha de afianzar su poder en las instituciones.

Sáenz de Santamaría ha confirmado que el sistema de elección de los miembros del CGPJ va a ser modificado, que se volverá al que existía antes de 1985, cuando el PSOE decidió que todos sus componentes serían nombrados por el Parlamento, a fin de acabar con el dominio que la derecha judicial ejercía en el organismo. Cuando entre en vigor la norma anunciada, 12 de sus 20 miembros serán elegidos por los jueces. Además, la vicepresidenta ha hecho saber que se restablecerá el recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que será modificado el recurso de amparo ante el mismo.

Las consecuencias de estas dos últimas disposiciones pueden entreverse a la luz de lo que habría ocurrido si ya estuvieran en vigor: que el Estatut habría quedado paralizado hasta después de la sentencia del Constitucional y que Bildu no se habría presentado a las elecciones. Respecto a la reforma del CGPJ, cabe sospechar que la influencia que el PP ha ejercido en el nombramiento de los altos cargos judiciales --lo cual pesa, entre otras cosas, en los juicios contra Garzón-- no hará sino aumentar.

* Periodista