La reforma laboral se ha convertido en el mantra de la Unión Europea, la OCDE, el FMI y todas las instituciones internacionales cuando se refieren a la economía española. El Gobierno del PP se dispone a hincar el diente a lo que será probablemente el hueso más duro de roer de la legislatura, junto al último tramo de la reforma financiera. Uno de los mayores problemas estructurales de la economía española es su baja competitividad frente a los socios comunitarios. Una forma de mejorar la competitividad es reducir los costes de producción. Y entre ellos figuran los del factor trabajo. Por tanto, es totalmente lógico que haya interés en adecuar la normativa laboral a las necesidades actuales de la economía. Una tasa de paro por encima del 20% y que alcanza a 5,4 millones de personas no es precisamente un argumento que desaconseje la reforma laboral. Merkel y Sarkozy trabajan en la elaboración de un marco laboral común para Europa que quieren presentar en la cumbre del próximo día 30. El primer paso de ese proyecto es reducir los costes laborales rebajando la cotización empresarial a la Seguridad Social, una merma de ingresos que en el caso de Francia se compensaría con el IVA.
Como se ve, el camino que señalan las dos grandes potencias de la UE no es abaratar el despido, sino el empleo. El nuevo Gobierno español podría cometer el error de dejarse arrastrar por la presión de quienes solo buscan reducir las indemnizaciones para limpiar sus plantillas con menos coste y aumentar las cifras de desempleo. Ninguna de las 71 propuestas que presentó el PP a la reforma laboral del PSOE iban en esa dirección. Tomar decisiones de calado antes del día 30 podría ser no solo un error, sino precipitado.
